Francia se echa a la calle para protestar contra el Gobierno

María Esperanza Suárez CORRESPONSAL | PARÍS

INTERNACIONAL

PHILIPPE WOJAZER

Dos de cada tres franceses respaldan la huelga de servicios básicos El Ejecutivo teme una situación crítica como la que acabó con el mandato de Juppé

17 ene 2005 . Actualizado a las 06:00 h.

Tras año y medio de calma relativa, el Gobierno francés empezó ayer una semana negra en la que la práctica totalidad del sector público se enfrenta a sus proyectos de reforma. Aunque las huelgas convocadas afectan a la inmensa mayoría de los servicios básicos, dos de cada tres franceses las apoyan, confirmando de ese modo el deterioro de la imagen pública del Ejecutivo que preside Jean-Pierre Raffarin. El descontento es general y los sindicatos se atreven a pronosticar una fuerte movilización a pesar de que los huelguistas perderán un día de sueldo. Ha sido precisamente el Gobierno con su política salarial el que ha conseguido una unidad sindical que parecía imposible. Sector público y privado saldrán juntos a la calle el próximo 5 de febrero para protestar por la importante pérdida del poder adquisitivo. Varios sectores implicados Hoy empiezan los funcionarios de correos, mañana serán los trabajadores de los ferrocarriles los que harán imposible la circulación de los trenes; el jueves, los niños se quedan sin colegio ante la huelga convocada en la Enseñanza nacional y el broche llegará el sábado y serán los médicos los que cierren consultas porque consideran que la reforma de la seguridad social favorece una «medicina a dos velocidades». Según la encuesta publicada por el diario Le Parisien, el 65% de los franceses ven con simpatía todas estas reivindicaciones y entre ellos, el 75% se dice dispuesto a salir a la calle para defenderlas. Mientras tanto, el Gobierno reitera que se mantendrá firme y que no dará marcha atrás en ninguna de sus reformas. Su portavoz François Copé sólo admite que «escucharán con enorme atención» los mensajes de los huelguistas. Raffarin afirmó por su parte que el Ejecutivo «ha hecho todo lo que podía hacer» en materia de asuntos salariales. Sin embargo y pese a la aparente tranquilidad, la mayoría presidencial contiene el aliento y pide prudencia para conjurar el fantasma de 1995, cuando las huelgas hicieron caer al gobierno Juppé y obligaron a convocar elecciones anticipadas.