El Congreso argentino declara nulas las leyes del perdón a los militares
INTERNACIONAL
El vicepresidente del Gobierno critica la decisión del legislativo que puede tener «consecuencias serias» Kirchner allana el camino para juzgar a los represores en Buenos Aires.
13 ago 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Pocos minutos antes de la medianoche de ayer, la cámara de Diputados de Argentina declaró «insanablemente nulas» las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, normas que sirvieron para proteger de la acción judicial a los miembros de las Fuerzas Armadas acusados de represión durante la última dictadura. Además, los legisladores incorporaron al Código Penal la «imprescriptibilidad» de los delitos de lesa humanidad. El presidente Kirchner había enviado al Parlamento un proyecto para que el país adhiriera a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra de la ONU, incorporando este tratado a la Constitución. Estas dos actitudes constituyen una fuerte señal política desde el Congreso hacia la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgadas en el país. El Senado decidirá Los parlamentarios acordaron que «no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal, los hechos y delitos mencionados en la convención, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido». Ahora, deberán ser tratados por el Senado, donde las opiniones están divididas y será difícil que sean aprobados sin dificultad. Es posible que la incorporación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los crímenes de lesa humanidad no encuentre demasiados obstáculos, pero la anulación de las normas puede quedar en solo un gesto de buenas intenciones. Mientras los diputados debatían estos proyectos, en la Plaza de los dos Congresos miles de manifestantes recibieron el resultado con algarabía. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que el martes «hemos vivido un día histórico en tanto caen dos leyes nefastas». El vicepresidente de Argentina, Daniel Scioli, coincidió con algunos juristas en señalar que «esta anulación puede tener un efecto político, pero no legal y puede llegar a traer consecuencias de inseguridad jurídica serias». El ministro del Interior, Aníbal Fernández, le contestó ayer que «en el peor de los casos lo que puede suceder con la anulación es que tenga que ser considerada por la Corte Suprema».