Desde que el día 7 asumió el poder como jefe de Estado de Colombia, la violencia ha dejado 116 muertos El nuevo presidente de Colombia, Álvaro Uribe, decretó el estado de conmoción interior para tratar de frenar la ola de violencia desatada desde el día 7, fecha en que asumió el poder, que ha dejado 115 muertos, entre guerrilleros, paramilitares, soldados y civiles.
12 ago 2002 . Actualizado a las 07:00 h.Alegó Uribe que la capacidad ofensiva de la guerrilla había superado al Estado, que no podía seguir combatiendo los grupos armados por las vías ordinarias. La medida jurídica está recogida en la Constitución y puede aplicarse si se dan «graves perturbaciones del orden público que atenten contra la estabilidad institucional». De todas formas, debe cumplir con el trámite de recibir la aprobación de la Corte Institucional antes de entrar en vigor durante 90 días, que se pueden prorrogar por otros dos periodos hasta sumar otros 180 días más. Varios analistas dan por descontado que recibirá el visto bueno de la Justicia, dada la situación de violencia desatada desde que el miércoles pasado Uribe asumiera el poder. Apoyo generalizado La medida fue descalificada por la agencia Anncol -próxima a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- al considerar que ponía «más combustible al conflicto». Sin embargo, la mayoría de los líderes políticos colombianos apoyaron la decisión de Uribe. El ministro de Interior y Justicia, Fernando Londoño, explicó la disposición gubernamental, que faculta al presidente Uribe a establecer nuevos impuestos, restringir el derecho de circulación y residencia, aplicar restricciones a los medios de comunicación, imponer el toque de queda, interceptar comunicaciones personales, practicar detenciones de sospechosos de haber cometido delitos, incluso sin la preceptiva orden judicial, así como a suspender a alcaldes y gobernadores que avalen alteraciones del orden público. Nuevo impuesto De momento, el Gobierno ordenó un recargo del 1,2% sobre el patrimonio de empresas y personas que presentan declaración de renta que se destinará a reforzar las Fuerzas Armadas. El ministro Londoño aseguró que se garantizarán los derechos humanos y la libertad de prensa. «No se acudirá de ningún modo a ninguna medida de carácter judicial o extrajudicial que represente una afrenta al debido proceso o a las garantías fundamentales», dijo. También señaló Londoño que el Gobierno de Uribe «cuidará con obsesiva vigilancia el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario». El ex candidato presidencial de la izquierda, Luis Eduardo Garzón, había expresado su temor de que al amparo del estado de excepción decretado por Uribe se desate «una cacería de brujas contra supuestos auxiliares de la insurgencia», aunque reconoció que los recientes actos violentos de la guerrilla «dieron un argumento irrefutable».