Los magistrados protestan por las «intromisiones inadmisibles» del Gobierno El enfrentamiento entre el Gobierno del conservador Silvio Berlusconi y la Magistratura alcanzó ayer su punto más álgido con las protestas protagonizadas en toda Italia por los jueces durante los actos oficiales de apertura del Año Judicial. La rebelión de los jueces se escenificó en el interior de los palacios de justicia, haciendo caso omiso a la advertencia del fiscal general del Tribunal Supremo para que cesen las pugnas y se respeten las reglas del juego.
12 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.Muchos magistrados, convocados por su asociación nacional, asistieron a las respectivas ceremonias con las togas negras que sólo se ponen en las audiencias, para simbolizar el descontento por lo que consideran «intromisiones inadmisibles» del Ejecutivo. En Roma, Milán, Génova, Nápoles, Turín y otras ciudades italianas, numerosos jueces abandonaron las salas de los tribunales donde se celebraba la apertura del Año Judicial cuando tomaron la palabra los representantes del Gobierno, con el que mantienen un cerrado pulso desde hace varios meses. Duros términos La voz disonante por excelencia la puso una de las bestias negras de Silvio Berlusconi, el fiscal general de Milán, Francesco Xaverio Borrelli, el principal magistrado del famoso proceso Tangentópoli, que sacudió a Italia en la década de los años 90. Este proceso, que acabó con la clase dirigente de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, allanó el camino al poder a Berlusconi, aunque, a continuación, le derribó del poder y le convirtió en su principal acusado. A un mes del décimo aniversario del inicio de Tangentópoli, Borrelli hizo ayer desde la tribuna oficial un llamamiento a la «resistencia» contra la reforma en profundidad de la Justicia anunciada por Berlusconi, que calificó de «punitiva». En un discurso de duros tintes, el fiscal general de Milán y ex-líder del movimiento Manos Limpias aprovechó su última inauguración del Año Judicial antes de su jubilación para denunciar el «acoso del Ejecutivo para acabar con nuestra imparcialidad».