El juez Jorge Urso decretó arresto domiciliario contra Carlos Ménem el pasado 7 de junio bajo el cargo de ser el «jefe de una asociación ilícita» que vendió ilegalmente armas a Ecuador y Croacia. El contrabando se produjo cuando regían embargos internacionales sobre esos países, y Ménem ha sido acusado de un delito para el que el código penal argentino prevé una pena que llega hasta los diez años de prisión. El magistrado Urso también investiga si el ex-presidente y su antiguo secretario privado, Ramón Hernández, poseen una empresa no declarada en la isla de Mallorca para lavar dinero negro. El juez pretende determinar si la firma Mallorca Enterprises Ltd., con capital y cuentas por casi 4.400 millones de pesetas, es propiedad de Ménem y de Hernández. Además, el juez Gabriel Cavallo investiga si la empresa Argmine Investment de las islas Caimán, con fondos y acciones por un total de unos 7.500 millones de pesetas, pertenece a Alberto Kohan, quien fue secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Ménem. Los dos jueces han dirigido exhortos a la justicia suiza para determinar si el ex-mandatario y sus antiguos colaboradores poseen cuentas bancarias en ese país. Frente a estas acusaciones, Ménem asegura que nunca fue parte de una sociedad en el extranjero, y acusa a Elisa Carrió, la diputada que formuló la denuncia, de «mentir alevosamente». Para Ménem, los datos aportados por Carrió no son «maniobras producto de una trama siniestra». Mientras se desvela el misterio, Ménem, beneficiado con el arresto domiciliario por tener más de 70 años, cumple su cautiverio en una lujosa casa en Buenos Aires.