El Consejo de Asuntos Generales celebrado ayer en Luxemburgo posibilitó que España lograse limar asperezas con Alemania para que los Quince aprobaran una declaración que, en parte, reconoce el problema de la convergencia estadística que traerá la adhesión de nuevos socios a la Unión Europea (UE). El texto pactado dice que la ampliación «tendrá consecuencias para todos los Estados miembros y para el funcionamiento y el desarrollo de las políticas de la Comunidad». No se alude directamente al hecho de que el ingreso en la Unión de países más pobres rebajará la renta media comunitaria y, por tanto, los umbrales para percibir fondos regionales, como indicaba el memorando presentado por el presidente del Gobierno español, José María Aznar. Pero esta declaración toma nota de otra, elaborada por la Comisión Europea, en la que sí se alude al caso español. Para el titular español de Exteriores, Josep Piqué, la solución urdida ayer «cumple los objetivos que teníamos planteados».