El miércoles termina el plazo marcado por el Gobierno de Andrés Pastrana a las FARC para reanudar las conversaciones Colombia se enfrenta estos días a uno de los momentos clave de las conversaciones de paz emprendidas en octubre de 1999 por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desde hace tres meses, el diálogo se ha roto por la negativa del Gobierno a mantener más allá del 31 de enero la «zona de distensión» creada en el sur del país para acoger las conversaciones. Los rumores hablan ya de movimientos de tropas en la región, lo que podría dinamitar de manera definitiva un proceso de paz que ya quedó seriamente dañado tras el anuncio de aplicación del Plan Colombia, una iniciativa de Pastrana para terminar con el narcotráfico que cuenta con el apoyo de Washington y con la oposición frontal de la guerrilla.
27 ene 2001 . Actualizado a las 06:00 h.El Gobierno ya ha manifestado que el desplazamiento de 2.500 soldados hasta los límites de la zona neutral no guarda relación con las conversaciones de paz. Sin embargo, los dirigentes guerrilleros temen que se trate de una encerrona del Gobierno, por lo que exigen que se mantenga la «zona de distensión» como condición previa para reanudar el diálogo. El Gobierno de Pastrana se niega, alegando que las FARC deben demostrar su buena voluntad antes de plantear cualquier exigencia. Esta cuestión, en apariencia formal, ha bloqueado las negociaciones desde noviembre del año pasado. En realidad, la postura de las FARC refleja una profunda desconfianza hacia el Gobierno, al que exigen un compromiso público de que se mantendrá la tregua. Las dos partes deberán superar estas diferencias iniciales antes de abordar las cuestiones de fondo que realmente preoucupan a la sociedad colombiana. El Gobierno exige a las FARC el abandono de la violencia y la transformación del movimiento armado en un partido político democrático. A cambio, los guerrilleros piden que las autoridades dejen de financiar las actividades de los paramilitares, como primer paso de un programa de modernización social y de atención a los problemas de los campesinos. Plan Colombia Pero uno de los ejes del ideario político de las FARC es su antiamericanismo militante. De ahí su oposición al Plan Colombia, considerado una injerencia de Washington en la política colombiana. Esta iniciativa, promovida conjuntamente por el Gobierno de Pastrana y por la administración Clinton, pretende acabar con el narcotráfico con un programa de choque que incluye la destrucción de las plantaciones de coca. La puesta en marcha del plan requiere una inversión de 7.500 millones de dólares (1,3 billones de pesetas), de los que una sexta parte, unos 230.000 millones de pesetas, serán aportados por Estados Unidos. Las FARC denuncian que tras esta iniciativa se esconde la voluntad de Washington de acabar con la lucha armada en Colombia y denuncia las graves consecuencias sociales que podría desencadenar. El cultivo de coca proporciona su sustento a gran parte de la población rural colombiana, por lo que la destrucción de los cultivos les reduciría a la miseria. Muchas voces se han alzado para criticar este plan, que resultaría muy impopular entre los campesinos y les echaría en brazos de la guerrilla. Críticas del extranjero Desde los países vecinos también se han oído voces de protesta, ya que una disminución de la producción de coca colombiana haría más rentable su cultivo en países como Perú o Bolivia, donde ya han mermado los cultivos alternativos. La gran víctima de esta situación es el pueblo colombiano, que reclama a las dos partes que den muestras de tolerancia y reanuden el diálogo. Sólo así, dicen, se podrá poner fin a la violencia, uno de los males endémicos del país desde hace más de cincuenta años.