Manifestación en Atenas para protestar por la supresión de la religión en el DNI La Iglesia ortodoxa griega se resiste a perder su protagonismo de religión de Estado, un proceso iniciado en 1974 y que se acelera ahora bajo presiones de la Unión Europea (UE). Ayer por la tarde, el arzobispo Christódulos, primado de Grecia, encabezó una manifestación en Atenas en la que participaron decenas de miles de helenos que exigen que sus documentos de identidad incluyan el dato sobre la religión del titular.
21 jun 2000 . Actualizado a las 07:00 h.La UE recomendó a Grecia eliminar del carné de identidad el dato sobre la religión, ortodoxa en el 97% de los casos, porque podría ser causa de discriminación contra los católicos y los musulmanes. Para muchos griegos, el ser privados en el carné del dato de «ortodoxo» es como si se les quitase el segundo apellido, pero para los católicos de la isla de Siros o los musulmanes de Xanthi, es la liberación. Los participantes en la manifestación de ayer desplegaron en la plaza Sindagma de Atenas banderas nacionales griegas con la cruz y bizantinas amarillas con el águila bicéfala, para protestar contra la decisión del Gobierno socialista. Christódulos dijo hace una semana en Salónica que esa medida era el principio de una embestida contra la Iglesia. El Parlamento aprobó el martes la construcción de una mezquita en Atenas para que los musulmanes que asistan a los Juegos Olímpicos el año 2004 puedan orar. Para muchos seguidores de Christódulos, eso es como si Grecia volviera a ser parte del imperio otomano, como lo fue durante casi cinco siglos. Los observadores laicos atribuyen ambiciones políticas a Christódulos, que desde que asumió el cargo hace dos años, ha dado un nuevo aire a la Iglesia. Después de advertir en el más puro estilo medieval que «a quienes se metan con la Iglesia, se les secará la mano», Christódulos ha exacerbado la polémica con el Gobierno. El Gobierno griego acusa a la Iglesia de injerencia en las competencias del Estado, ya que la Constitución establece claramente que el asunto de la documentación del ciudadano es patrimonio del Estado.