La violencia de género sigue siendo una herida abierta en la sociedad española, pese a contar con un marco legal avanzado, con medios de comunicación cada vez más atentos y con instituciones que expresan de forma reiterada su empatía hacia las víctimas. Tenemos leyes pioneras, protocolos de actuación, campañas de sensibilización y declaraciones solemnes. Sin embargo, las mujeres siguen siendo asesinadas. Y esta contradicción obliga a una reflexión profunda que vaya más allá del recuento de víctimas o del endurecimiento puntual de las penas.
Desde una perspectiva jurídica, es indiscutible que el ordenamiento español reconoce la gravedad específica de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un antes y un después al comprender que no estamos ante hechos aislados, sino ante una manifestación extrema de la desigualdad estructural. A ello se suman juzgados especializados, órdenes de protección, servicios de asistencia y una implicación creciente de fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde el ámbito institucional, el mensaje es claro: la violencia machista es intolerable.
Desde el periodismo también se ha producido una evolución relevante. Se ha aprendido, no sin errores, a informar con mayor responsabilidad, evitando el sensacionalismo y poniendo el foco en las víctimas y en el contexto social del crimen. Se habla de violencia de género, se explican los recursos disponibles y se intenta generar conciencia colectiva. Existe, al menos en el discurso público, una condena casi unánime.
Y, sin embargo, nos siguen matando. Esta realidad incómoda exige mirar más hondo. Porque no se mata a quien se considera un igual, no se hiere de muerte a quien se reconoce como plenamente humano. Solo se mata y se destruye aquello que se desprecia, aquello que se percibe como insignificante o prescindible. Da igual que, tras el crimen, el asesino se suicide o intente justificarse con celos, amor o desesperación. El suicidio posterior no redime ni explica nada; no borra el hecho esencial de que antes hubo una mirada que cosificó a la mujer hasta convertirla en un objeto sobre el que ejercer dominio absoluto.
Aquí es donde el derecho y el periodismo encuentran su límite y donde la educación se revela como la herramienta decisiva. Las leyes actúan cuando el daño ya existe o es inminente; los medios informan cuando el horror ya se ha producido. La educación, en cambio, es el único espacio donde puede prevenirse de raíz la lógica del desprecio. Educar no es solo transmitir normas de conducta, sino enseñar a reconocer al otro como sujeto de derechos, a gestionar la frustración, a entender el conflicto sin recurrir a la violencia y a desmontar los modelos de masculinidad basados en el control y la posesión.
Mientras sigamos educando en la desigualdad, aunque sea de forma sutil, mientras se normalicen actitudes de dominación o se reste valor a la vida y a la autonomía de las mujeres, ninguna ley será suficiente. La violencia de género no es solo un problema penal, es un fracaso educativo y cultural. Y solo afrontándolo desde ahí podremos aspirar, algún día, a dejar de contar mujeres asesinadas.