El PSdeG denuncia retrasos de más de cinco meses en la tramitación de la risga por parte de la Xunta
GALICIA
El Gobierno gallego defiende que el tiempo de tramitación medio es de un mes
15 ene 2026 . Actualizado a las 18:59 h.La portavoz socialista de Política Social en el Parlamento de Galicia, Silvia Longueira, denuncia que la Xunta acumula «graves atrasos» de más de cinco meses en la tramitación de la risga. Así lo traslada en una iniciativa parlamentaria registrada en la Cámara gallega, en la que advierte de que hay familias que llevan esperando «ata cinco e seis meses» por la resolución de su solicitud, una espera que supone «un deterioro exponencial ante a situación límite» que afrontan estas personas y que «lles crea inseguridade e sensación de falta de apoio».
Frente a esto, la Xunta defiende que el tiempo de tramitación medio es de un mes, exactamente de 31,9 días, según los últimos datos disponibles de diciembre del 2025. «En comparación co mesmo período de tempo do ano pasado, a tramitación reduciuse en máis de 10 días (42 días)», explican fuentes de la Consellería de Política Social. Los plazos, afirman, estarían por debajo de los que fija la normativa, que son 90 días.
«O PSOE busca confundir e xerar inseguridade entre as persoas máis vulnerables», critican y señalan al Gobierno con la gestión del ingreso mínimo vital: «Un IMV que, como teñen denunciado distintos axentes sociais, non chega a todas as persoas que o necesitan e supera os seis meses de tramitación».
Longueira le reclama al Gobierno gallego que agilice los trámites y que presente en el Parlamento un informe sobre la evolución de la risga durante el último año para comprobar qué objetivos se consiguieron «nos diferentes programas de inserción nos que se apoia o desenvolvemento da prestación». Además, critica que en un momento en el que el número de personas que perciben esta ayuda en Galicia ha descendido tras la implantación del ingreso mínimo vital del Gobierno, aun así haya retrasos en su tramitación.
La socialista destaca que se trata de una ayuda a la que tienen derecho personas o unidades de convivencia en situación de riesgo o de exclusión social que tengan entre 25 y 65 años, dispongan de ingresos inferiores a los límites establecidos en función del número de miembros de la unidad de convivencia y cuenten con una evaluación previa de los servicios sociales municipales.