También admite que hay trabajadoras de residencias privadas que cobran por debajo del salario mínimo pero lo relaciona con la estructura estatal de los salarios
27 nov 2025 . Actualizado a las 20:02 h.La secretaria xeral técnica de Consellería de Política Social e Igualdade, María Francisca Gómez, defendió este jueves que Galicia ha reducido en 47 días, un 12 %, el tiempo de espera de tramitación de la dependencia. Lo hizo frente a las críticas del PSdeG, que sostiene que pasa «moito máis» hasta que, por ejemplo, una trabajadora llega a una residencia.
La responsable autonómica se apoyó en datos recogidos por el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, que utiliza datos del Imserso, para responder a una pregunta en el Parlamento de la socialista Silvia Longueira. «Galicia rebaixa os tempos de tramitación e a media nacional increméntaos», aseguró la secretaria xeral, que incidió en que la «obriga» de la Consellería es «seguir rebaixando» este tiempo hasta «resolver en prazo».
En respuesta a la responsable de la Xunta, Longueira defendió que se trata de datos «falsos» y, «realmente», pasan cerca de dos años hasta que, por ejemplo, un trabajador del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) llega a casa de un solicitante. «Non quero saber o que pode ser unha solicitude en prazas de residencia», añadió.
Pero Gómez destacó que, desde enero, se han incrementado en más de 23.000 las nuevas personas atendidas frente a las 12.000 registradas en el mismo período del año anterior.
Residencias privadas
Por otra parte, el secretario xeral de Emprego, Pablo Fernández, admitió que hay categorías profesionales de trabajadoras de residencias privadas con un salario base por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), pero lo liga a una «consecuencia» del «deseño estatal da estrutura retributiva» y no al convenio colectivo, que el BNG tacha de «caducado».
En esos casos, recordó que el SMI es de «obrigado cumprimento» y las empresas deben «complementar» hasta alcanzar el mínimo legal: «Se non o fan, ten que actuar a Inspección de Traballo».
Así lo explicó en respuesta a una pregunta a la diputada nacionalista Olalla Rodil, que denunció que 12.000 mujeres trabajadoras de «centros públicos privatizados e concertados» llevan, desde 2023, con un «convenio colectivo caducado» y condiciones laborales «absolutamente inxustas».
En concreto, Rodil apuntó que, en la «meirande parte» de los casos, estas empleadas cobran por debajo del SMI. Fernández, a esta afirmación, le ha contestado: «Se vostede é consciente de que algunha empresa está pagando por debaixo do SMI, acuda á Inspección de Trabajo. Hai que denuncialo».