La Xunta teme que un recurso del Gobierno frene los trámites para atender la dependencia
GALICIA
El Ejecutivo llevó al Constitucional un artículo que equipara el grado de discapacidad, aunque impulsa un texto similar
24 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.En enero, el Gobierno gallego activó un plan de choque dotado con 90 millones de euros para reducir la lista de espera en la valoración de la dependencia, en la que estaban estancadas cerca de 2.800 personas que debían aguardar una media de 390 días por ese trámite, del que depende la concesión de las ayudas.
Una de las patas del plan es una modificación legislativa que se incluyó en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2025. Esa reforma establece una correspondencia entre el grado de dependencia y el de discapacidad, de forma que al grado uno corresponde el de discapacidad del 33 %; el dos se equipara a un 66 % de discapacidad, y el grado tres tiene su equivalente en un 100 % del de discapacidad.
Esa medida permitió aligerar trámites que afrontan los dependientes. Pero el Gobierno central considera que afecta al régimen económico de las prestaciones, que está bajo su competencia.
Las dudas de legalidad del Ejecutivo fueron transmitidas ya en marzo, cuando convocó la comisión bilateral de cooperación para limar las discrepancias. Ese organismo se reunió, y llegó a acuerdos sobre otros artículos de la ley de acompañamiento, pero no en la equiparación de dependencia y discapacidad.
A 9.000 euros por usuario
No hay que olvidar el coste de esa medida. El reconocimiento de la discapacidad lleva aparejadas distintas ventajas fiscales. En marzo, la Xunta estimó que esas deducciones tienen un coste medio de unos 9.000 euros por beneficiario para las arcas estatales.
A esas alturas se cifraba en 6.000 a las personas que habían recibido la equiparación, pero la última cifra facilitada hace una semana por el Gobierno autonómico, por boca del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, eleva ese número a 10.200 personas. Es decir, 91,8 millones al año.
El Gobierno confirmó en septiembre que llevará el texto al Constitucional. La decisión provocó enfado en la Xunta, que acusó al Ejecutivo de «boicotear» sus medidas para atender a los ciudadanos. Un reproche que se suma a la deuda de 2.500 millones que San Caetano reclama por la financiación del servicio.
Se da la paradoja de que al mismo tiempo que recurre, el Gobierno está impulsando una reforma legal muy similar, aunque algo menos ambiciosa, ya que permitirá equiparar el grado de dependencia con el de discapacidad hasta un máximo del 65 %.
El temor de la Xunta es que el recurso, que pide la paralización del texto legal, ponga en duda los beneficios que han recibido los 10.200 usuarios ya mencionados o que ralentice la aplicación del plan de choque, que el Gobierno gallego insiste en que está funcionando.
Los últimos datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, conocidos también la semana pasada, indican una mejoría. La lista de espera se ha reducido a 349 días, 27 menos que el año pasado y hay 1.902 ciudadanos en lista de espera, casi la mitad que entonces. Galicia, aún así, sigue lejos del objetivo legal de 180 días, pero está mejor que otras comunidades como Castilla y León o Asturias, que tienen a más de 8.500 personas en espera.