Los jueces vuelven a alertar del «colapso inminente» en los juzgados de violencia sobre la mujer
GALICIA
El conselleiro Diego Calvo pide al ministro que reconsidere la supresión de los juzgados de instrucción de A Coruña y Vigo que se transformarán en nuevas secciones especializadas
10 jun 2025 . Actualizado a las 13:04 h.Jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios han alertado en un comunicado del «colapso inminente» en violencia contra la mujer con la entrada en vigor en octubre de las nuevas competencias que obligan a estos juzgados a asumir también los casos de violencia sexual. El aumento prometido por el Gobierno, de un 50 % de plazas, no sería suficiente según aseguraron e incluso llegaría tarde.
«El 3 de octubre del 2025 se convertirá en una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los juzgados de violencia contra la mujer, la del desmantelamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral en materia de violencia de género», alertan en un comunicado 105 jueces de violencia sobre la mujer, a quienes se han adherido y respaldado 316 jueces y magistrados, 50 fiscales, 91 letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios de 38 oficinas judiciales de juzgados de violencia sobre la mujer de otras tantas ciudades españolas.
Con la nueva ley de eficiencia de la Justicia, los juzgados de violencia sobre la mujer serán los encargados de tramitar a partir de octubre todos los casos de violencia sexual, y no solo los que ocurren en el ámbito de la pareja, como sucedía hasta ahora. En estos delitos se encuentran, por ejemplo, los casos de acoso sexual, de trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzosos o la mutilación genital femenina.
Los jueces ya habían advertido de este colapso al que se enfrentaban al asumir estos nuevos casos, al tiempo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciaba un incremento del 50 % de las plazas de jueces de violencia sobre la mujer. La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que se crean 50 plazas de jueces y 42 de fiscales especializados en esta materia, una medida que para los jueces no será la solución.
Explican en el comunicado que las plazas prometidas «no son ni mucho menos ese 50 %» y que hay muchos partidos judiciales donde no se crea ninguna, mientras que en otros se crea una plaza a cambio de agrupar partidos judiciales, «con lo que ello supone en cuanto a desplazamiento de las víctimas». Además, denuncian que esas plazas llegarán tarde «y el 3 de octubre no habrá ese 50 % de jueces más con total y absoluta seguridad». Si no se constituyen antes los Tribunales de Instancia, esas plazas deberán esperar hasta que exista la correspondiente oficina judicial.
También señalan que la ampliación se impone sin dotación efectiva de recursos, ni aumento de la plantilla de funcionarios, ni de letrados de la Administración de Justicia, «con lo que el embudo será inevitable». Una situación que, según aseguran, desmantela una ley que durante 20 años «ha sido referente mundial por su atención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas». Se está legalizando, dicen, un modelo que rompe con la atención especializada y deja a las víctimas sin protección real.
La Xunta pide al Gobierno que reconsidere la supresión de los juzgados de instrucción
En el caso de Galicia, esa dotación de plazas de jueces de violencia sobre la mujer (el Gobierno anunció que serían cuatro: Ourense, Santiago, Vigo y A Coruña) se materializará transformando dos juzgados de instrucción, en concreto los de A Coruña y Vigo. Se confirmaba la semana pasada, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a lo que la Xunta respondía lamentando esa decisión.
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, envió ayer una carta al ministro en la que le trasladaba la profunda preocupación por el impacto que esta medida tendría en la calidad del servicio judicial en la comunidad y lo instaba a mantener las dos unidades de instrucción al tiempo que se crean las nuevas secciones de violencia sobre la mujer. «Desde la Xunta te invitamos a explorar alternativas que permitan dotar de recursos suficientes a los juzgados especializados sin debilitar la estructura judicial existente, garantizando así una justicia ágil, eficiente y comprometida con la lucha contra la violencia de género», afirmó.
Razona el conselleiro que el cierre de juzgados de instrucción no es irreversible, «como prueba la rectificación en Benidorm», lo que abre la puerta a que se reconsidere esa decisión en Galicia. «Los juzgados de instrucción de A Coruña y Vigo son fundamentales para gestionar la carga judicial en estas ciudades», señala Calvo, y su supresión supondría un perjuicio directo para la ciudadanía y el conjunto del sistema judicial gallego.
Son dos unidades cuya carga de trabajo ya es elevada y ambos ya se encuentran al límite de entrada de asuntos, señala el conselleiro, y si continúa adelante su transformación «supondrá un aumento de los asuntos de las restantes plazas de instrucción al quedar tanto las herculinas como las olívicas limitadas a siete en este esencial ámbito». También habrá retrasos en la tramitación de diligencias penales.