No podemos felicitar a una empresa que lanza un producto que, careciendo de las debidas autorizaciones y pruebas, lo promociona y compromete entregarlo al comprador en noviembre del 2023 y, a día de hoy, sigue sin tenerlo, mientras ese compromiso sigue publicado en la página web de Talgo. Dicho lo anterior, quien ofrecerá los servicios y venderá billetes a los viajeros es la operadora Renfe, por lo que conviene realizar el diagnóstico de incumplimiento de plazos, o identificar eventuales informalidades, a quien haya hecho promesas incumplibles o manifestaciones sin sustento de datos o hechos ciertos.
Conociendo la dependencia de Renfe, parece claro que fue el Ministerio de Transportes el que asumió la venta política de una fecha para la mejora de los servicios de alta velocidad a Galicia, al parecer sin el debido respaldo empresarial del fabricante y operadora de servicios, dando pie, por tanto, a la reclamación política que debe afrontar. Como a perro flaco todo son pulgas, algunas organizaciones empresariales y la Xunta cargan contra el Gobierno, como si aquellas fuesen partícipes en la adquisición de trenes o de la prestación de servicios ferroviarios, planteando eventuales reclamaciones de daños que, en la práctica, solo podemos realizar los viajeros por un eventual incumplimiento de las condiciones del título de viaje adquirido.
Fijar la atención sobre los trenes Avril, que realizarán los futuros servicios ferroviarios de Galicia, es mirar al dedo acusador, obviando que dicho dedo apunta a la existencia de dos anchos de vía en nuestra comunidad —internacional e ibérico—, verdadero origen del problema, al impedir utilizar los trenes AVE de ancho fijo que ya disfrutan desde 1992 otros territorios de España.
La Xunta debería reflexionar sobre cuál debe ser su papel en el ámbito ferroviario, asumiendo competencias que están previstas en el Estatuto. Y el Gobierno debería asegurarse de que los plazos son ciertos antes de lanzarlos a la opinión pública y frustrar nuevamente a los usuarios.