Hacienda se impone en un pulso a Transportes y obliga a subir en la AP-9 el 4 % del resto del sector

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Pago de peaje en la AP-9
Pago de peaje en la AP-9 CAPOTILLO

Rechazó el plan para saldar la deuda con Audasa y evitar cada año un alza extra del 1 %. Entre el 2024 y el 2026 subirá lo ahora frenado

28 dic 2022 . Actualizado a las 13:18 h.

El Ministerio de Hacienda ha impedido que los usuarios de la principal autopista de Galicia tengan el año que viene un trato especial respecto a los del resto de viales del Estado gestionados por concesionarias privadas. El plan trazado por el Ministerio de Transportes, y que ya había sido aceptado por Itínere (la empresa matriz de la gestora de la AP-9), para contener el alza de precios en la infraestructura que une Ferrol con Tui más que en el resto de autopistas, fue bloqueado por el Ministerio de Hacienda cuando se trataba de cerrar el texto del real decreto de medidas contra a la inflación que el Consejo de Ministros aprobó ayer.

Los usuarios de la AP-9 tendrán que afrontar pues en el 2023 una subida del 4 %, como también lo harán los de la AP-53 (Santiago-Dozón) y los del resto de las autopistas del Estado en manos de concesionarias privadas, porque los de los nueve viales que dirige la empresa estatal Seittsa, fundamentalmente en el entorno de Madrid, se volverán a congelar como viene ocurriendo en su caso desde el 2018.

La parte de la subida que no afrontarán el año que viene los usuarios de las autopistas estatales la tendrán que asumir estos gradualmente en forma de incrementos de tarifa extraordinarios durante el 2024, 2025 y 2026, ejercicios en los que como en el 2023 se pagará a las concesionarias el monto no cubierto por los conductores desde las arcas públicas. En el caso de la AP-9, a esa escalada gradual habrá que añadirle el 1 % extra por las obras de ampliación de Rande y Santiago que el Ministerio de Hacienda ha rechazado saldar. Frente al 8,38 % de subida establecido para el sector, Audasa reclamó un 8,46, más el punto a mayores por las obras.

Con la subida final del 4 %, y a falta de que se oficialice la nueva tarifa, recorrer la AP-9 desde el 1 de enero entre Ferrol y Tui pasará de 23 euros para vehículos ligeros a 23,90. Hacerlo de A Coruña a Vigo ascenderá a 18,20 euros en lugar de los 17,50 actuales. De Ferrol a A Coruña llegará a los 5,25 (0,20 más que este año); desde esta última ciudad a Santiago pasará de 7,20 a 7,50, y de Vigo a Pontevedra, de 4,15 a 4,30, en todos los casos con el redondeo a múltiplos de cinco que rige en el sector de las autopistas.

En el caso de la otra estatal en Galicia, la AP-53, recorrer desde Santiago al final de trayecto en Dozón subirá de los 6,15 de este año a 6,40 euros y sin posibilidad alguna de descuento.

Negociación a tres bandas

Para llegar a estas cifras negociaron hasta la mañana de ayer no solo Hacienda y Transportes, sino también Economía, protagonizando un pulso por imponer cada ministerio su criterio sobre cómo contener los precios de los peajes. La propuesta del departamento de Nadia Calviño fue la primera que decayó, según ha podido averiguar La Voz. Y pese a haber aceptado inicialmente el plan de Transportes que haría posible que la subida en la AP-9 no llegase al 2 %, el ministerio de María Jesús Montero varió de opinión y rechazó la fórmula que se asentaba en zanjar con un solo pago de 800 millones de euros las deudas por obras contraídas en las tres autopistas sujetas a incrementos de peaje extraordinarios cada año para que las concesionarias recuperasen lo invertido en mejoras. Este era el caso manejado para la AP-9, además de para la AP-6 (Madrid-Adanero) y la AP-46 (Málaga-Las Pedrizas) y que supondría el pago de alrededor de 400 millones a Audasa para cancelar la deuda pendiente por las obras de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago y los intereses al 8 % generados desde que entraron en servicio los nuevos tramos en el 2018. Además de zanjar esa cuenta, Transportes pretendía hacer valer los 30,14 millones de euros ya abonados a la concesionaria el año pasado con los fondos no utilizados en las bonificaciones implantadas en la AP-9, más una cantidad similar del 2022 por el mismo concepto. Con ambas partidas, el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez tenía pensado limitar la subida en la autopista gallega a menos de la mitad del 4 % que deberán asumir los conductores en el resto de viales de pago del Estado a partir del 1 de enero. Dicho importe se suma al que saldrá de las arcas públicas el año que viene para cubrir el 4,38 % restante de subida que depara el IPC.

Pero al final, no habrá excepciones, ni tampoco la condonación de la deuda por las obras, lo que se traducirá en el mantenimiento de las subidas extraordinarias de los peajes de la AP-9 en un 1 % hasta el año 2038.