Los retrasos en los informes psicosociales del Imelga llevan al límite a los juzgados gallegos
GALICIA
El TSXG reclama a la Xunta más personal ante la saturación del servicio público forense
17 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.La falta de personal en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) «está a levar nos últimos meses a unha situación límite aos xulgados e tribunais galegos, que dependen da emisión dos seus informes para avanzar na tramitación dos asuntos». Así de crítico fue ayer en A Coruña el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, al exponer en la apertura del año judicial «un asunto de vital importancia» para el que reclama soluciones urgentes a la Xunta debido a la «saturación dalgúns equipos psicosociais». La Sala de Gobierno del TSXG acordó urgirle al Gobierno gallego que amplíe la plantilla del Imelga, que es el órgano encargado de prestar asistencia técnica a tribunales, fiscalías y juzgados en materia de medicina forense y de realización de informes psicosociales.
En ese contexto, el presidente calificó de inadmisibles «os atrasos na emisión de informes de certa complexidade», como los de valoración de víctimas de violencia machista y los de separaciones y divorcios. Dijo que los juzgados de familia, los de violencia sobre la mujer y los de instrucción son los más afectados por la falta de personal del Imelga, y lamentó el perjuicio para las víctimas: «Estamos a falar de procesos que afectan ás persoas máis vulnerables».
Castroverde planteó estas reclamaciones ante un nutrido grupo de representantes de la sociedad gallega entre los que se encontraban el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, y el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, de quienes depende el Imelga. No hubo respuesta directa a la queja del TSXG, pero un día antes Tronchoni explicó en el Parlamento que Xustiza está aplicando medidas organizativas «para atender o aumento da demanda de informes psicosociais por parte dos xulgados». Ese aumento se debe a que ahora es obligatoria la presencia de especialistas del Imelga para las pruebas preconstituidas en los testimonios de menores de 14 años o con discapacidad.
El director xeral dijo que la Xunta gestionó la realización de horas extraordinarias y el nombramiento de personal interino, medidas que no son suficientes para el TSXG, que agradece que «para evitar o colapso do servizo» se haya recurrido a interinos, prolongaciones de jornada, autorrefuerzos y convenios con colegios profesionales. Pero sostiene que «ningunha desas alternativas soluciona o problema de xeito definitivo». Por eso, desde el TSXG reclaman soluciones estructurales, con equipos estables y profesionales que sean especialistas en el ámbito judicial.
los retos
La digitalización pendiente. La ampliación de la plantilla del Imelga no fue la única reivindicación del presidente del TSXG a la Xunta. Anunció que el curso judicial tiene importantes retos, y destacó el de la digitalización. Castroverde tomó como referencia su toma de posesión y dijo: «No podemos seguir esperando otros tres años para tener un expediente judicial electrónico o digital que realmente funcione. Con todos los respetos, tengo que ser escéptico sobre las soluciones prometidas para final de año». Añadió que los juzgados necesitan aplicaciones que permitan trabajar con seguridad jurídica y acceder de forma sencilla a los procedimientos sin tener que recurrir al papel.
petición de plazas
Se necesitan más jueces. «Tampoco queremos resignarnos al exiguo número de plazas de nueva creación que se nos asignan cada año». Esta es otra reclamación de Castroverde, en este caso al Ministerio de Justicia. Insiste en la demanda de jueces: «No podemos retrasar por más tiempo las plazas que hemos solicitado para las Audiencias de A Coruña y Pontevedra».
nueva sede de vigo
Traslado con retraso. El alto tribunal gallego también lamenta la tardanza en realizar el traslado total de los juzgados de Vigo a la nueva sede, que fue inaugurada en mayo por Felipe VI. El presidente del TSXG tiene claro que el traslado no debe hacerse basándose en el principio de urgencia, pero advierte que «es evidente que a estas alturas el total de los traslados se ultimará casi un año después de su inauguración».
La Fiscalía alerta del aumento de los delitos informáticos
El acto de apertura del año judicial de Galicia fue aprovechado por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, para hacer públicos algunos datos de la memoria del 2021 de la Fiscalía gallega. Destacó el fiscal los delitos relativos a la violencia machista y dijo: «A loita contra esa brutal realidade é unha prioridade para os fiscais galegos».
Suanzes también se refirió al incremento de la delincuencia informática asociada a las nuevas tecnologías. Ese tipo delictivo subió en todos sus parámetros y constituye «a ameaza máis grave ao dereito da intimidade das persoas». Recordó también que ese tipo de delincuencia es un instrumento para acciones delictivas más sofisticadas. La memoria de la Fiscalía recoge un aumento del 93 % en el número de los delitos informáticos incoados el año pasado. Las estafas a través de Internet aumentaron un 87 % y suponen casi la totalidad del conjunto de los procedimientos abiertos por delincuencia informática. También se detectó un aumento de los casos de pornografía infantil y de ataques informáticos, así como de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En ese mismo ámbito de la delincuencia informática, el año pasado la Fiscalía Superior de Galicia coordinó el auxilio y protección de las víctimas y perjudicados por las estafas cometidas a través de Internet. Suanzes recordó que en la última reunión de la comisión mixta Xunta-Fiscalía se abordó, precisamente, el desarrollo y el impulso de las oficinas de asistencia a las víctimas, además del acceso a las bases de datos de menores de la Xunta por parte de los fiscales especialistas, para lo que actualmente se tramita un protocolo que está en fase de aprobación.
En el año 2021 se tramitaron 137.680 procedimientos penales en los órganos judiciales gallegos, lo que supone un 8,89 % más que en el 2020. Respecto a los delitos más representativos cuantitativamente, el fiscal superior de Galicia destacó, por este orden, los de lesiones, con un total de 22.905 casos; los patrimoniales y socioeconómicos (20.891); los delitos contra la seguridad vial (8.226); los delitos contra la libertad (4.926), y los cometidos contra la Administración de Justicia, de los que se contabilizaron 4.406 casos, con un incremento de casi el 22 %.