Asturias seguirá el modelo de Galicia para oficializar su lengua, pero rebajado
GALICIA
La reforma del Estatuto prevé dar la misma categoría legal a la «llingua» y al gallego asturiano. Aunque no se exigirá a los funcionarios ni será vehicular en la enseñanza
24 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La reivindicación lingüística del asturiano, con más de cuarenta años en la brecha tras la fundación de Conceyu Bable a mediados de los setenta, ha alcanzado en los últimos años el apogeo político y social al que aspiraban los padres del asturianismo cultural y político. Por primera vez hay un partido en el Gobierno -el PSOE asturiano- que defiende la oficialidad de la llingua, una lengua romance que fascinó desde hace decenios a los romanistas alemanes por sus endemismos lingüísticos, como la ch vaqueira del asturiano occidental, entre otros. Por primera vez, también, hay un presidente de Asturias, Adrian Barbón, que no solo promociona el uso del asturiano, sino que lo habla perfectamente y lo utiliza en algunos discursos. Tras este largo camino, un nuevo estatus legal permitirá superar la curiosa paradoja de que el asturleonés sea oficial desde 1999 en Miranda do Douro (Portugal) y no en Asturias.
El cénit de esta reivindicación sostenida en el tiempo ha llegado con el inicio del proceso de reforma del Estatuto del Principado, en el que el Gobierno asturiano pretende oficializar la lengua asturiana y el gallego-asturiano siguiendo la estela del artículo 5 del Estatuto gallego, que consagra, entre otros aspectos, que el gallego es la lengua propia de Galicia, y que tanto el gallego y el castellano son oficiales en Galicia «y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos».
El contraste con el artículo cuarto del Estatuto asturiano vigente desde 1981 es claro: «El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando, en todo caso, las variantes locales y voluntariedad en su aprendizaje». Se emplea incluso el vocablo bable, una denominación peyorativa que ya casi solo utilizan los detractores del asturiano, que han encontrado sobre todo en Vox el depósito político de su oposición radical a la normalización.
El matiz de enfatizar el derecho y no el deber de conocer la lengua es clave en el andamiaje legal de la oficialidad a la que aspiran los socialistas asturianos, apoyados por Podemos e Izquierda Unida. Pero el ejemplo gallego se limita por el momento a este artículo estatutario, pues el proceso de normalización de la lengua dependerá de una ley de uso posterior que todo apunta que será mucho más rebajada que la gallega. El propio presidente asturiano aseguró recientemente en el Parlamento que no se plantea exigir el asturiano para acceder a la Administración ni que sea utilizado como lengua vehicular en la enseñanza. «Nadie va a estar obligado a hablar en asturiano», dijo en una ocasión. La propia consejera de Cultura, Berta Piñán, una reputada poetisa en asturiano, afirmó también que se tratará de una oficialidad «de derechos, no de obligaciones», aunque la normativa actual ya permite dirigirse a la Administración en asturiano.
Hay más dudas sobre cómo se arbitrará la oficialidad en el ámbito de la enseñanza. En la actualidad, desde su introducción en el currículo en 1984, es de carácter voluntario. En primaria se puede elegir entre llingua y cultura asturiana, y en secundaria y bachillerato es optativa. «De momento la intención es dar un estatus legal a las dos lenguas propias de Asturias, ese es nuestro objetivo. Después habrá una ley de uso que abordará todo esto, pero todavía es prematuro para responder a estas cuestiones. Será un proceso largo», asegura una portavoz del Gobierno asturiano. En la primaria pública, cerca de la mitad de los alumnos la estudian, pero el porcentaje baja al 15 % en secundaria y en el Bachillerato no llega al 4 %. «Lo que persigue el Gobierno de Asturias es una oficialidad amable, basada en un modelo propio que se habrá de consensuar una vez aprobada la reforma del Estatuto», añaden desde el Gobierno del Principado.
La posición de la Academia
Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Llingua -una institución del Principado creada en 1980-, cree que lo importante es que «la mayoría social y política que apoya la oficialidad del asturiano, alrededor del 80 %, consiga acabar con la anomalía constitucional que sufre Asturias y lograr una reforma del Estatuto que incluya la oficialidad después de 40 años de reivindicación». Para González Riaño, no cabe duda: «La oficialidad lleva aparejado que todos los alumnos de las enseñanzas no universitarias tengan a su alcance el estudio del asturiano, que debe estar incluido en el currículo como una asignatura más». Es decir, debería ser una asignatura obligatoria.
No obstante, el presidente de la Academia está de acuerdo con que las particularidades de la ley del asturiano habrá que discutirlas y consensuarlas después de la tramitación de la reforma del Estatuto, probablemente en la próxima legislatura. «Ahora lo importante es que estamos ante una opción real para solventar esta anomalía constitucional», señala, al tiempo que cree que un sector minoritario de los asturianos están «practicando el alarmismo».
Sin embargo, la aprobación de la reforma del Estatuto «es compleja», admite el Gobierno asturiano. Para que se apruebe «es necesaria una mayoría ultrarreforzada de 27 diputados, tres quintas partes del Parlamento asturiano. Ahora mismo, solo habría 26 votos a favor, los del PSOE, IU y Podemos», explican fuentes de Presidencia. Rechazan esta reforma los 17 diputados del PP, Ciudadanos y Vox.
Esos 27 votos de 45 se podrían conseguir si uno de los dos diputados de Foro Asturias vota a favor. Uno de ellos rechaza la oficialidad, y el otro, Adrián Pumares, que forma parte de la corriente más asturianista, está abierto a reconocer una oficialidad basada en la voluntariedad. Eso le ha costado una polémica campaña de presión y acoso por parte de Vox, condenada desde amplios sectores de la sociedad asturiana.
