Sindicatos reclaman a la Xunta que mantenga los 2.600 docentes contratados para afrontar la pandemia

Paula Méndez REDACCIÓN

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

Las organizaciones denuncian la ausencia de un protocolo concreto para el próximo curso

08 jun 2021 . Actualizado a las 18:57 h.

Los sindicatos de profesorado han reclamado al Gobierno gallego que mantenga el próximo curso el refuerzo de medios desplegado en los centros educativos para garantizar las medidas contra el covid-19. La petición se centra, principalmente, en los casi 2.600 docentes contratados para atender los desdobles de grupos y la atención al alumnado.

Representantes de CCOO-Ensino, ANPE Galicia, FeSP-UGT y CSIF han trasladado hoy su «alta preocupación» ante la ausencia de un protocolo concreto de cara a la planificación del próximo curso, así como la «falta de respuesta» de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade a su petición para reunirse con los portavoces sindicales.

Uno de los principales temores de estas organizaciones es la posibilidad de que la Xunta reduzca los cuadros de personal de este año y regrese a una situación anterior a la pandemia, justificándose en la nueva distancia de 1,2 metros entre alumnos propuesta en la última reunión entre las comunidades autónomas y la ministra de Educación, Isabel Celaá.

José Fuentes, de CCOO-Ensino, ha advertido de que el próximo curso seguirá condicionado por el coronavirus, puesto que de momento se desconoce la evolución que tendrá la pandemia y en qué punto se encontrará el proceso de vacunación. Al mismo tiempo, ha insistido en la importancia de «garantizar una presencia segura en todos los centros educativos», siendo la única forma de conseguirlo «con las mismas condiciones que este año», evitando reducir la distancia de seguridad de 1,5 metros y manteniendo el número de contrataciones.

Fuentes ha señalado, además, que el efecto de la reducción de ratios en la mejora de la «equidad» y del rendimiento del alumnado «fue palpable», una opinión que comparte el profesorado.

Julio Díaz, de ANPE, ha justificado que estos recursos permitirían «mejorar la calidad» educativa del sistema «tras el bache de los últimos años», además de aliviar «la sobrecarga de trabajo y el sobreesfuerzo» experimentado por los trabajadores de los centros. Asimismo, ha recordado que «existe financiación» para mantener este dispositivo y que el propio Ministerio de Educación «está promoviendo» que las comunidades mantengan los recursos humanos el próximo año, como ya confirmaron territorios como Navarra, Cantabria o Baleares.

Desde UGT, Felipe Balboa ha defendido que «la cantidad de sobresalientes» obtenidos entre el alumnado que se presenta a las pruebas ABAU de este año es un dato «significativo del rendimiento» alcanzado este curso, consecuencia «del enorme trabajo que hicieron los alumnos» a pesar de la pandemia y «de los desdobles y de la reducción de ratio».

José Carlos Fernández, del sindicato CSIF, aseguraba no recordar un momento «más importante» para atender esta «reclamación histórica» para mantener la reducción de alumnos por aula, cuyos beneficios están avalados por «múltiples estudios».

Los representantes docentes han recordado los efectos perniciosos de la situación vivida este curso, sobre todo las «condiciones infrahumanas» vividas en muchas clases con alumnos «con mantas en el aula» durante el invierno debido a la necesidad de ventilación. «Eso no lo podemos permitir», ha advertido Díaz, quien insistía en que el año que viene los centros estarán en un contexto «muy parecido» al de este curso porque el alumnado todavía «no está vacunado».

Por su parte, la CIG-Ensino ha convocado una protesta este miércoles ante la sede de la Xunta de San Caetano, en Santiago de Compostela, para denunciar la intención de volver a las condiciones anteriores a la pandemia.