La prisión de A Lama veta un libro «por razones de seguridad» y la Audiencia Nacional lo ratifica

¿Puede un libro que se puede adquirir sin problemas por Internet o en un librería poner en cuestión la política de un centro penitenciario? La dirección de la prisión de A Lama y la Audiencia Nacional consideran que la respuesta es afirmativa, por lo que el tribunal madrileño ha confirmado el veto al libro La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista.

Todo comenzó cuando desde la prisión comunicaron a un recluso, interno clasificado en primer grado y que se encuentra en régimen cerrado «por su manifiesta inadaptación», la retención de esta obra que le había enviado una conocida. Por este motivo, decidió buscar el amparo de la Justicia alegando que se trataba de una decisión «arbitraria, porque no existe posibilidad alguna de que ningún interno adapte artificialmente su conducta a los criterios para uso interno de los funcionarios expuestos en el libro».

Fue el 11 de junio pasado cuando la dirección de la prisión de A Lama justificó esta medida «por razones de seguridad, ya que de forma parcial se reproduce de forma literal documentación de uso interno de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». En concreto, se alude a tres páginas, las que van de la 113 a la 115, en las que se expone un anexo de una orden interna, el Instrumento de Evaluación de Riesgo de Radicalismo Violento, que, en la práctica, es «una guía de actuación, observación y valoración exclusivamente destinada a orientar al personal penitenciario -áreas de Tratamiento, Seguridad, personal de Equipos Técnicos y personal de Vigilancia, se señala- para el desarrollo de su actividad profesional exclusivamente».

Se considera que el conocimiento de esta información conllevaría «la posibilidad de que el propio interno adaptase artificialmente su conducta a los parámetros generales de estudio y seguimiento, evadiendo las actividades de observación, intervención o tratamiento penitenciario, en su caso».

La Audiencia Nacional coincide en que esta guía proporciona «criterios de evaluación que permiten detectar el riesgo de radicalización en determinados internos», por lo que ratifica la decisión de la cárcel pontevedresa. Estima que el acceso «a ese documento interno puede constituir por sí mismo un riesgo, porque permitiría burlar o distorsionar la valoración por los profesionales sobre el grado de radicalización y de la evolución penitenciaria del interno, así como perjudicar la eficacia del tratamiento penitenciario».