Se considera que el conocimiento de esta información conllevaría «la posibilidad de que el propio interno adaptase artificialmente su conducta a los parámetros generales de estudio y seguimiento, evadiendo las actividades de observación, intervención o tratamiento penitenciario, en su caso».
La Audiencia Nacional coincide en que esta guía proporciona «criterios de evaluación que permiten detectar el riesgo de radicalización en determinados internos», por lo que ratifica la decisión de la cárcel pontevedresa. Estima que el acceso «a ese documento interno puede constituir por sí mismo un riesgo, porque permitiría burlar o distorsionar la valoración por los profesionales sobre el grado de radicalización y de la evolución penitenciaria del interno, así como perjudicar la eficacia del tratamiento penitenciario».
