Tras incidir en que tales hechos fueron una invención, la Audiencia de Pontevedra refiere que la denunciante presenta «un retraso mental leve y un patrón desadaptativo de personalidad que le provoca una afectación parcial de la capacidad volitiva». De este modo, confirma la condena de que la joven asista a un centro de día durante doce meses, al tiempo que establece que abone, junto con sus progenitores, una serie de indemnizaciones que suman 2.500 euros a favor de los tres pontevedreses a los que denunció en falso.
Recurso contra la sentencia
Tales penas fueron consideradas insuficientes por los representantes legales de los acusados, que consideraron que el fallo no daba «la suficiente importancia a los hechos ocurridos», y también entendieron que las indemnizaciones debían alcanzar los cien mil euros. Entendían, además, que estas tendrían que extenderse también a los padres de los tres acusados.
