Las cesiones al País Vasco y Cataluña, y la opacidad de los pactos de ERC, alientan el desorden en el modelo autonómico
30 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Más allá de la astracanada que supone que, con la que está cayendo en España, el Ayuntamiento de León apruebe una moción en la que se reclama la secesión de la Comunidad de Castilla y León para crear una nueva autonomía compuesta por las provincias de Zamora, Salamanca y León, la anécdota es un síntoma del descontrol nacional al que puede conducir la caótica, secreta e incomprensible negociación que está llevando a cabo Pedro Sánchez con ERC para conseguir ser investido. Mezclar en una misma negociación el necesario acuerdo con otra fuerza política para lograr su abstención con cuestiones judiciales y territoriales que nada tienen que ver con la formación de una mayoría parlamentaria, es la mejor manera de alentar el caos y fomentar el disparate nacional.
Resulta ciertamente un despropósito, pero también un síntoma significativo, que el PSOE apoye con sus votos esa especie de ridículo procés independentista de León junto a Podemos y los regionalistas de Unión del Pueblo Leonés. Asegura el regidor, el socialista José Antonio Díez Díaz, que León, Zamora y Salamanca tienen el «derecho constitucional» de crear la decimoctava comunidad autónoma de España. Y que Castilla y León es una autonomía «ficticia» porque «León no tiene nada que ver con Castilla». El señor Díez Díaz ignora, por lo visto, que no solo la suya, sino todas las autonomías de España, excepto Cataluña, País Vasco y Galicia, son en realidad comunidades «ficticias» por la sencilla razón de que jamás han existido como tales. Y que el Estado autonómico, que es lo mismo que decir el Estado federal español, es el fruto de un amplísimo consenso alcanzado en la Transición que, entre otras cosas, pretendía evitar conflictos como el que está sucediendo en este momento en Cataluña. Ni Madrid, ni Murcia, ni Cantabria, comunidades uniprovinciales, han existido nunca como autonomías. Y tampoco lo han sido jamás otras como Castilla-La Mancha, que agrupa a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo.
Es muy posible, o no, que León tenga razones para quejarse de un maltrato por parte del Gobierno de la comunidad. Pero extender la idea de que cualquier problema territorial se soluciona mediante la secesión, y la de que por el mero hecho de independizarse la vida de los leoneses, zamoranos, y salmantinos mejoraría de inmediato porque tendrían capacidad de «gestión de sus propios recursos» es un planteamiento que solo puede entenderse por la maligna influencia que ejerce el discurso los independentistas catalanes y vascos y la falta de respuesta firme por parte de un Estado lleva décadas privilegiando a Cataluña y País Vasco para acallar su permanente alegato victimista, bajo el que solo se esconde la insolidaridad. Es cierto que la dirección autonómica y nacional del PSOE desautoriza al alcalde leonés. Pero también lo es que las cesiones de Sánchez ante el independentismo para garantizarse su investidura, como afirmar que en Cataluña existe un «conflicto político», alientan estos dislates, que muestran lo que puede ocurrir en España de seguir por ese camino.
El PNV aguarda el momento para poner precio a su apoyo
Todo está preparado para que hoy mismo la Abogacía del Estado emita su informe sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras. Si ese pronunciamiento agrada a ERC, se da por hecho que Pedro Sánchez será investido. Pero el PNV, fiel a su tradición, aguarda agazapado hasta que se constate que su voto es absolutamente imprescindible pese a la abstención de ERC. Y será entonces cuando los nacionalistas vascos eleven el precio de su apoyo hasta niveles que pueden llegar a ser inaceptables y a poner en peligro la formación del nuevo Gobierno de España. Prisas, desde luego, no tiene el PNV para jugar su partida.
Lamentable trayectoria de los generales Rodríguez y Coll
Los pronunciamientos públicos de Fulgencio Coll Bucher, ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra entre los años 2008 y 2012, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, y que hoy es un dirigente destacado de Vox que critica abiertamente al Gobierno socialista, unidos a las declaraciones de José Julio Rodríguez Fernández, ex jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), nombrado también por Zapatero, que tras las elecciones de julio del 2016, siendo candidato de Podemos, consideró «deprimente» que «la mitad de los electores no quieran ningún cambio» y que carecían por tanto de «ética». Todo esto demuestra hasta qué punto el Ejército español estuvo en malas manos en aquella época.
La Abogacía del Estado defiende su imparcialidad
La Abogacía General del Estado era hasta hace muy poco un órgano casi anónimo con rango de subsecretaría en la Administración del Estado. Burocracia pura que defendía el interés de los ciudadanos ante cualquier posible conflicto jurídico. Hoy, sin embargo, sobre la Abogacía ha recaído una responsabilidad que excede con mucho el papel que la Constitución le asigna. En sus manos ha quedado, de forma anómala, la responsabilidad de que España pueda tener o no Gobierno. De ahí que se haya producido un comunicado sin precedentes en el que los miembros de la Abogacía recuerdan que son exclusivamente «servidores públicos» que actúan «con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos».