La Administración autonómica tiene 18.000 proveedores que generan cada año más de 600.000 facturas
26 oct 2019 . Actualizado a las 08:34 h.Antes de las redes sociales, el estereotipo señalaba a los patios de vecinos, los taxis y las peluquerías como los lugares de máxima eficacia para la transmisión de chismes. Pero poco se ha hablado de lo efectivo que sigue siendo contar una maldad en el bar cuando el repartidor de cervezas o de refrescos hace acto de presencia. Es una garantía de que en un par de mañanas el tema estará extendido y en la boca de todos los que se arrimen a una barra, el lugar que habitan los líderes de opinión a pie de calle.
En Santiago, aún en la época de las pesetas, trascendió que la Xunta y el Concello llegaron a tener un pufo en un prestigioso restaurante que rondaba los 90.000 euros, producto de muchos meses de impagos que no impedían que altos cargos, chóferes, escoltas, gabinetes e invitados siguieran disfrutando de la merluza fresca y de los mejores blancos gallegos. En aquella época la firma de un conselleiro o un alcalde lo aguantaba todo, y el cobro estaba garantizado aunque llegara meses más tarde y obligara a mantener abiertos los años fiscales, para desquicie de las gestorías. Todo iba rodado hasta que los distribuidores dejaron de fiar y empezaron a salir por la puerta con la mercancía cuando no se la pagaban al momento. Aquello no era serio, y el restaurante claudicó sin esperar a la estocada de la crisis.
A pesar de los desmanes evidentes, las administraciones tardaron demasiado en darse cuenta de lo importante que es que sus administrados cobren en tiempo y forma, y más teniendo en cuenta las dificultades que existieron y que persisten en el ámbito privado, donde los agujeros no hay quien los tape. Verdad, bulo o exageración, el ejemplo del restaurante a la carta es solo una anécdota en la inmensidad de facturas que paga una institución como la Xunta, que en la actualidad cuenta con 18.000 proveedores que generan cada año más de 600.000 facturas, casi 1.700 al día incluyendo domingos y fiestas de guardar. Son tres mil millones de euros que se recaudan vía impuestos y que deberían regresar cuanto antes a las cuentas de los que dan cobertura a los servicios públicos, porque ellos también reciben la presión de sus suministradores.
El Gobierno gallego se tomó muy en serio el reto que lanzó Hacienda con Cristóbal Montoro a los mandos, que espoleado por Bruselas impuso un tope máximo legal y real de treinta días para pagar las facturas, un extraordinario dinamizador del consumo que intentan cumplir con mayor o menor esfuerzo las administraciones autonómicas y locales. En Galicia, los plazos se acortaron porque la Xunta se empeñó en ocupar los primeros puestos en celeridad de pago hasta alcanzar una media de diez días en el 2017, todo un ejemplo.
Sin dejar de ser de las más efectivas, la estadística gallega se ha ido diluyendo en los últimos meses. San Caetano ya paga a 18 días y medio, una pérdida de agilidad de más de una semana que es mucho más grave en otras comunidades que también han retrocedido hasta alcanzar períodos que superan los dos meses, como son los casos de Murcia o Cantabria, o los 172 días del Ayuntamiento de Las Palmas. El Gobierno central, ante el descalabro generalizado, salió esta semana al paso argumentando que el incremento de las demoras fue por las vacaciones de verano, cuando las tesorerías bajan la intensidad de trabajo. Una disculpa chancletera que solo es válida para comentar en un chiringuito de playa, porque el motivo verdadero ha sido el empecinamiento de la ministra Montero por retener los pagos a las comunidades y concellos con fines políticos, una polémica por la que muchos ciudadanos han transitado inocentemente, como si no fuera con ellos. Y sí que va. De cobrar a tiempo lo que les corresponde, nada menos.