Auge y caída de una fundación privada rescatada por la Xunta

La entidad que vela por el legado del nobel gallego ha acabado intervenida tras una cuestionada gestión

Una de las salas de la Fundación Cela
Una de las salas de la Fundación Cela

padrón / lA voz

La Fundación Camilo José Cela fue constituida en 1986 por el escritor con el propósito y voluntad de albergar todos sus manuscritos, libros y documentos personales, junto con obras artístico-pictóricas y diversas colecciones de todo tipo, conformando todo ello un legado cultural, artístico y personal que quería dejar en su tierra natal, Iria-Flavia, en Padrón. Cuando en 1991 los reyes de España inauguraron la primera de las casas de la fundación, nada hacía prever que esta acabaría siendo declarada pública en el 2012, tras ser rescatada por la Xunta ante la delicada situación económica que atravesaba.

Diez años después de inaugurar la primera casa, la fundación abría en el 2001 la última de las que ocupa. En los años de bonanza, a las inauguraciones en la fundación acudían hasta el presidente del Gobierno, como hizo José María Aznar. La entidad, de carácter privado, se nutría de subvenciones de entidades particulares, pero también públicas, entre ellas el Concello de Padrón, Xunta o diputaciones. Y los cursos de verano de cada año, destinados a fomentar la difusión e investigación sobre la obra del escritor, eran su actividad más reconocida y visible.

Así fue hasta que, poco a poco, comenzaron a trascender los problemas en la gestión económica de la fundación al tiempo que las entidades que la patrocinaban también iban recortando esas aportaciones. Tres años después de inaugurar la última de las casas, una vecina de Iria Flavia, Lola Ramos, que se definía como «fiel seguidora» de la obra de Cela y que por entonces residía en Madrid, supo de casualidad de unas denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la gestión de la fundación que fueron archivadas. Ella presentó otra denuncia, que también fue archivada en Madrid. Pero esta trascendió públicamente y, a partir de ahí, fue recibiendo de forma anónima muchísima documentación sobre la fundación, se cree que procedente de patronos que no estaban de acuerdo con la gestión.

Entre esa documentación figuraba la elevada nómina de quien era el gerente de la entidad desde 1993, Tomás Cavanna. También otros documentos de las sociedades que crearon la viuda del nobel, Marina Castaño, y el gerente para, supuestamente, ingresar el IVA que no le pertenecía a la entidad por estar exenta de tributación. Esa es la denuncia original de la Fiscalía de Santiago, aunque este tema aún está en fase de instrucción en el juzgado de Padrón, pero de ella derivó la causa por la indemnización del despido de Cavanna.

Antes de llevar la documentación a la Fiscalía, Lola Ramos la remitió a la Xunta para que investigara, pero no lo hizo. Hoy el Gobierno gallego es el titular de la fundación, que sigue con su actividad cultural. De las cuatro personas en el banquillo, únicamente una sigue teniendo relación con la fundación: Covadonga Rodríguez, subdirectora.

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