Los transportistas reclaman adherirse a la demanda de la Fiscalía por la AP-9

Alegan que tienen los mismos derechos, «incluso más», que usuarios particulares

B. VILLAVERDE
VIGO / LA VOZ

El discurso del sector del transporte sitúa a sus trabajadores con los mismos derechos, «incluso más», que los conductores particulares que también pasan por caja cada vez que usan el puente de Rande. De ahí que reclamen públicamente adherirse a la demanda de la Fiscalía contra Audasa por mantener el peaje pese a los contratiempos generados por las obras de ampliación, inauguradas hace casi un año pero cuyos trabajos se prolongaron hasta el mes pasado. Ramón Alonso, presidente del colectivo más afectado, la Asociación de Empresarios Transporte Discrecional de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo), reconoce abiertamente que la intención de su entidad es beneficiarse, en el caso de una sentencia favorable, del golpe de efecto planteado por la Fiscalía de Pontevedra para defender los intereses de los usuarios.

«Queremos adherirnos a la demanda y haremos todo lo posible. Consideramos que somos usuarios igual que los particulares, en todo caso más perjudicados. Tenemos unos horarios que cumplir, por un lado, y, por otro, unos tiempos de conducción que cumplir que nos perjudican, ya que al llegar a las ocho horas no podemos seguir. Por eso entendemos que todo el mundo es perjudicado», expone Alonso, que añade que su colectivo ya ha iniciado contactos con la Fiscalía parar defender a sus socios. Lo que será mucho más sencillo para los transportistas, de darse una situación favorable en forma de sentencia condenatoria contra Audasa, es demostrar en qué días y a qué horas estuvieron parados a causa de las retenciones: «Lo tenemos muy fácil por el GPS que llevan casi todos los vehículos, pero también por los tacógrafos que hay en casi todos los camiones».

El relato Asetranspo evidencia que su reclamación incluso puede ir más allá de la denuncia por el cobro abusivo de peajes. Alonso aclara que su sector incluso podría ir más allá: «Solicitar una indemnización por paralización, que es bastante más importante que la del peaje. Es decir, que nos cobren el peaje ya es un atropello, pero si hay un accidente en el puente de Rande y estamos parados una hora, ese tiempo hay que reclamárselo a Audasa. Es una hora de trabajo y eso supone mucho dinero para los transportistas».

Pero más allá de las pretensiones, y posibles derechos y reclamaciones aún por dirimirse, en Asetranspo conocen perfectamente la posición que ocupan. De ahí que su presidente admita que esperarán a la resolución de la demanda para evitar gastos innecesarios en abogados y procuradores. Justo la misma recomendación que la Fiscalía de Pontevedra está planteando a todos los usuarios particulares a los que intenta defender en lo que, se denuncia, fue un abuso continuado de la concesionaria de la AP-9.

El Ministerio Fiscal sostiene que la ley no considera a estos profesionales usuarios afectados

Las reclamaciones de los transportistas, una vez planteadas, tendrán que superar diferentes y complicadas vicisitudes para convertirse algún día en hechos consumados. Su principal problema pasa por la negativa de la propia Fiscalía de incluir a estos autónomos, o a las empresas especializadas del sector, entre el colectivo de afectados tal y como los entiende el Ministerio Fiscal. Explican fuentes judiciales que la demanda presentada deja fuera al colectivo al no considerarlos usuarios en los términos previstos en la ley. Dicha interpretación no impide que la Fiscalía recomiende a los profesionales tener paciencia, esperar el fallo para evitar gastos innecesarios y, de salir contrario a Audasa, intentar adherirse. «Ellos, en todo caso, tienen abogados y no están en la misma situación de desamparo que los particulares», concluyen en la Fiscalía.

Respaldo de la Xunta

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, mostró ayer su respaldo a la demanda colectiva interpuesta contra Audasa. «Siempre colaboramos con ese tipo de cuestiones», apuntó antes de incidir en que la Xunta «siempre» tiene que «colaborar con la Justicia en este tipo de casos». Vázquez insistió también en que la política del Gobierno gallego es contraria a los peajes existentes. Sobre el traspaso de la autopista valoró que los diputados y senadores del PP voten a favor, al tratarse de una demanda unánime del Parlamento gallego, pero niega que el cambio de sentido de su voto se deba a que haya un nuevo Gobierno.

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