Celaá se fija el objetivo de «una reforma integral» de la profesión docente

Quince expertos de referencia perfilaron los grandes cambios: acceso restringido, mir y evaluación periódica

Isabel Celaá, ministra de Educación hoy en funciones, durante una jornada de control al Gobierno en el Congreso
Isabel Celaá, ministra de Educación hoy en funciones, durante una jornada de control al Gobierno en el Congreso

redacción / La voz

Acceso más restringido a la carrera, dos años de prácticas al estilo mir, formación permanente como un derecho y un deber y evaluación voluntaria para crecer. Estas son las cuatro grandes conclusiones de la jornada que, bajo el título Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente, organizó el Ministerio de Educación y Formación Profesional en noviembre con el objetivo de elaborar una normativa. La titular de la cartera, Isabel Celaá, dejó claro que quería conseguir «una reforma profunda e integral» en esta legislatura y que la de ayer era la jornada que daba el pistoletazo de salida: en tres meses ya habrá conclusiones de lo oído ayer (a lo que hay que sumar el espacio #yosoyprofe, una web que habilitó el ministerio para que opinen los maestros). 

Acceso al grado

Solo los mejores. El primer panel habló de la formación inicial. Todos tomaron nota de las dos pruebas que están haciendo en Cataluña como complemento a la selectividad (un test de comprensión lingüística y otro de razonamiento lógico-matemático) y que ha dejado fuera de la carrera al 40 % de los aspirantes.

«El Prácticum no funciona». Lo dijo Carmen Fernández Morante, decana de Santiago y presidenta de los decanos españoles: las horas en clase real apenas se preparan, no se acompaña al alumno ni se reflexiona. Por la tarde Mariano Fernández Enguita propuso eliminarlo para que haya más tiempo de teoría.

Siete años de formación. La idea de Enguita se sostiene en que todos los expertos apostaban por una formación práctica tutorizada de dos años, al estilo mir, aunque con variables: cuatro años de grado, uno de máster y dos de mir o tres de grado, dos de máster y dos de mir.

La Universidad, fundamental. La relación escuela-Universidad fue destacada durante todo el día, como eje de la formación permanente, transferencia de conocimiento y con profesores vinculados a ambos estamentos.

 

A trabajar

Sistema obsoleto. Marta Maroñas resumió que la asociación de estudiantes Cesed se formó porque se veía «como todo avanzaba, pero seguía el concurso oposición [...]. Se selecciona a los mejores expedientes y no a los mejores docentes».

Prácticas tuteladas. Tras la facultad, los alumnos podrán someterse a una prueba tipo mir y, antes o después, acabarán en las aulas durante dos años, donde aprenderán con maestros elegidos. De estos -su elección, formación y reconocimiento-, también se habló mucho.

Cosa de la Administración. En cuanto a quién debe encargarse de esta formación en el aula, hubo acuerdo en que debe ser la Administración del Estado la que la defina, con la colaboración de las comunidades autónomas (en la mesa sectorial, ayer muy valorada) y la ayuda de universidades y centros educativos.

  

Evaluación permanente

Voluntaria y cada seis años. Álvaro Marchesi (redactor de la Logse) presentó su propuesta de evaluación voluntaria: mide siete competencias (favorecer el aprendizaje de los alumnos, responder a su diversidad, usar las TIC, trabajar en equipo...); el profesor la gestiona con un portfolio (recopilación digital de documentos) que completa cada año explicando qué indicadores cumple de cada competencia; y la valorará la Administración. Marcará el desarrollo profesional (con un sexenio se puede ser tutor de prácticas, con dos directivo, con tres inspector, con cuatro profesor asociado a la universidad...) y supondrá un incremento salarial.

Formación, derecho y deber. Lo tenían claro los ponentes del último panel: cuando la Administración cambia el perfil de profesor (se potencian las TIC, por ejemplo) debe dar formación, que ha de ser obligatoria. Y el complemento será al estilo de lo que se hace en Galicia, en el colegio, para que se formen equipos, no docentes aislados. Los centros de formación (CFR) se quedarían como aulas de encuentro, como está pasando en Galicia.

Las notas, aparte. Hubo una exigencia general: la evaluación no puede depender del rendimiento de los alumnos.

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