La negativa de la dirigente viguesa a ir al Parlamento rompe la doctrina política de Laxe y Touriño
04 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El influyente barón que en el año 2005 mandaba en la Diputación de Lugo, Cacharro Pardo, le hizo llegar a la entonces presidenta del Parlamento gallego, Dolores Villarino, un sesudo informe de 15 páginas para argumentar que no podía acudir a explicar las cuentas del ente provincial. Que si autonomía local, que si estaría incumpliendo la ley, que si podría violar la Constitución. Trece años después, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, utiliza argumentos similares para fundamentar su negativa a rendir cuentas y lo único que la diferencia de Cacharro es el tamaño del informe: Silva solo necesitó tres páginas para expresar los mismos argumentos.
La decisión de un cargo local de comparecer o no ante una Cámara autonómica tiene más que ver con el talante personal que con la ley. Ni los socialistas Moreda, Besteiro o Formoso violaron la Constitución por acudir a O Hórreo a presentar las cuentas ni los populares Louzán, Cacharro o Baltar Pumar cumplían la ley mejor que el resto al rechazar tal invitación.
El foco de este debate hay que situarlo en la posición política defendida por cada partido, en el pulso que mantuvo la Xunta desde su creación con el incómodo contrapoder provincial. Si el BNG hizo bandera con la supresión de las diputaciones, el PSdeG apostó más por meterlas en cintura y coordinar sus inversiones con las líneas marcadas desde el Gobierno gallego.
Así que la primera vez que los socialistas llegaron a la Xunta, el presidente Laxe firmó en 1989 la Lei de Delimitación e Coordinación das Deputacións que, entre otras cosas, obligaba a estos órganos a explicar sus cuentas al Parlamento en aras de la coordinación. Unos meses más tarde, Manuel Fraga ganó las elecciones y metió la ley en el cajón.
Tuvo que llegar Touriño a la presidencia, en el 2005, para reabrir el debate. Había que someter a las diputaciones, pues salvo la de A Coruña, en períodos alternos, todas ellas eran nichos de poder del PP capaces de contraprogramar la labor de la Xunta.
Con el bipartito de Touriño, los presidentes de las diputaciones empezaron a ser citados por al Parlamento. En el 2005, el socialista coruñés Fernández Moreda fue el único en atender la petición, mientras Baltar, Louzán y Cacharro reaccionaron en tono jocoso ante semejante envite. En el 2006 ocurrió lo mismo; pero a partir del 2007, una vez que Besteiro desaloja a Cacharro del pazo de San Marcos, se normaliza la situación y los presidentes de las diputaciones, incluidos los del PP, empiezan a desfilar por el pazo de O Hórreo.
La actitud de Carmela Silva rompe la tradición en la que tanto empeño puso el PSdeG. Ni colaboración ni rendición de cuentas. En tiempos de Touriño, sus portavoces tildaban ese comportamiento de «acto de rebeldía». Y pese a que el nuevo líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, cumple con la liturgia de reivindicar el legado de Laxe y de Touriño, con este asunto concreto opta por enmudecer y poner la estrategia del partido al servicio de Vigo.