El encarcelamiento de los líderes secesionistas pone casi imposibles los Presupuestos y la reforma del modelo de financiación
26 mar 2018 . Actualizado a las 09:33 h.Mariano Rajoy tenía un plan. Una agenda política con un calendario muy concreto que sobre el papel funcionaba como un reloj para recuperar la iniciativa, reforzar la estabilidad de su Gobierno, encarar con mínimas garantías las autonómicas y municipales del 2019 y presentarse en el 2020 con posibilidades de gobernar de nuevo. La agenda consistía en presentar los Presupuestos del Estado el 27 de marzo, llevarlos al Congreso el 3 de abril y aprobarlos en junio con apoyo de Ciudadanos, PNV y los partidos canarios. Una vez aprobadas las cuentas públicas, que incluirían un notable aumento de las pensiones más bajas e importantes rebajas fiscales, el plan pasaba por abordar inmediatamente el debate sobre el estado de la nación, en el que el presidente del Gobierno se presentaría antes del parón veraniego como un líder reforzado en su liderazgo, con vía libre para acabar la legislatura y afrontar con garantías la presión de una oposición que lo presenta como un presidente sin iniciativa política, bloqueado en el Parlamento y acosado por la movilización creciente en la calle. Y el remate a todo ese arreón político del 2018 sería la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que el presidente del Gobierno estaba convencido de poder pactar con un PSOE en el que los líderes regionales socialistas acuciados por la necesidad de mejorar sus ingresos presionan a Ferraz para alcanzar un pacto. Todo este programa se sostenía, sin embargo, en la certeza de que los independentistas acabarían formando un Gobierno estable en Cataluña, aunque fuera con un el paso previo de un presidente provisional como Jordi Turull, lo que permitiría levantar el artículo 155, desbloquear el respaldo del PNV a la cuentas públicas y sumar a una Generalitat necesitada también de autonomía financiera a la negociación del nuevo modelo. De lograrlo, Rajoy tendría prácticamente garantizada, según sus planes, una nueva victoria electoral en el 2020.
Pero la contundente actuación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena enviando a prisión a todos los líderes independentistas y forzando la detención de Carles Puigdemont ha dado al traste con esa especie de cuento de la lechera, y abortado cualquier posibilidad de que la situación se reconduzca en Cataluña, que puede encaminarse a unas nuevas elecciones. La situación es ahora absolutamente la contraria a la prevista por el Gobierno. El apoyo del PNV a los Presupuestos en esta coyuntura es imposible, lo que convierte su aprobación en una quimera. Rajoy está obligado a abordar el debate de la nación en junio, probablemente sin Presupuestos, lo que le deja a merced de la oposición. Y ese mismo mes podrían celebrarse unas nuevas elecciones en Cataluña en un clima de máxima tensión. Abordar la reforma del modelo de financiación autonómica y lograr el apoyo del PSOE al Gobierno en esas circunstancias se antoja utópico, por más que presionaran para ello los barones socialistas. El juez Llarena ha complicado enormemente el calendario a Rajoy. Y también a las comunidades que esperaban una pronta reforma de la financiación autonómica que, si las cosas no cambian mucho, no se aprobará ya en esta legislatura.
Sánchez se refugia en Galicia con un discurso nacional
El paso por Galicia del secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha servido para constatar su excelente relación con el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero. En Ferraz ven en este último una figura con un perfil mucho menos personalista que los últimos responsables del PSdeG y albergan esperanzas de que pueda llegar a pacificar una de las federaciones más convulsas. Pero, aunque también Sánchez fue muy bien recibido entre los socialistas gallegos, su visita demostró para algunos que el secretario general del PSOE está todavía muy lejos de conocer en profundidad los problemas específicos de Galicia y prefiere refugiarse en sus visitas en un discurso en clave nacional.
Psicosis entre los políticos con másteres universitarios
Cualquiera que conociera la frenética agenda de un político que ocupe un cargo público sabía que es prácticamente imposible que encuentre tiempo y sosiego suficiente para dedicarlo al estudio de un título universitario. Lo sucedido con el máster de Cristina Cifuentes ha desatado por ello una ola de pánico entre muchos de los políticos que lucen másteres y distinciones similares en sus currículos, porque saben que ahora mismo todos ellos están no solo bajo sospecha, sino bajo la lupa de la prensa. Algo que ha hecho que más de uno empiece a hacer desaparecer discretamente de su perfil público alguno de los flamantes títulos universitarios que obtuvieron prácticamente como un regalo.
No, el Tribunal Supremo no era la Audiencia Nacional
Al escuchar las cosas que se están diciendo estos días, y no solo desde el frente independentista, sobre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, conviene recordar que esos mismos que hoy lo tachan de ser un agente al servicio del Gobierno lo alababan el pasado mes de noviembre, contraponiéndolo a la jueza de la audiencia Nacional Carmen Lamela. «Tranquilos, que esto no es la Audiencia Nacional», aseguraban los secesionistas que les dijo Llarena, que según ellos daba «muestras evidentes de que quiere desescalar judicialmente lo que está pasando». Cuatro meses después, ese mismo juez se ha convertido para algunos en la máxima expresión de la politización de la justicia.