En un nuevo episodio reflejo del bloqueo y de la inestabilidad que vive la ciudad, el gobierno intenta recuperar en los tribunales dos sueldos que la oposición le retiró
08 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La inestabilidad política del gobierno en minoría de Ferrol llega a los juzgados de la mano del propio ejecutivo local. Cinco de los ocho concejales del equipo del alcalde -Álvaro Montes, Suso Basterrechea, Luis Victoria, Saínza Ruiz y María Fernández Lemos, esta última no adscrita- han propiciado la penúltima de las polémicas en la ciudad, al presentar un recurso contencioso-administrativo para pedir que se declare nulo el acuerdo plenario del 24 de noviembre que propició la retirada de dos dedicaciones exclusivas al gobierno. Y el incremento de las que disfrutaban el PP y el PSOE de Beatriz Sestayo, impulsora de la iniciativa que, en una suerte de vendetta, consiguió arrebatarle el sueldo a la concejala de Urbanismo, a la que acusa de ser una tránsfuga.
Resultado: oposición ocho, gobierno cuatro. Así se reparten los sueldos públicos, lo que supone que dos edilas con responsabilidad de gobierno carezcan de sueldo contra su voluntad. Algo «inxusto» y acordado con «nocturnidade» y «alevosía», criticaba ayer el alcalde, que defiende que la demanda «non é unha cuestión económica», sino de que «se faga xustiza». En cambio, atribuye intereses pecuniarios a la oposición por estar «xogando un papel de ambición económica» y acusando a populares, socialistas y BNG de no atreverse a presentar una moción de censura.
A todas luces, no es el más diplomático de los discursos en el punto de partida de la negociación sobre el primer borrador de presupuestos. Y a solo 24 horas de que el regidor apelase al diálogo y la responsabilidad de los partidos y confiase en obtener el respaldo de, al menos, socialistas y nacionalistas. «Es curioso que quienes no se han atrevido a ir a los juzgados por la ilegalidad de la tasa del saneamiento sí vayan por sus dedicaciones. Es la paradoja de esta nueva política», se despachaba Sestayo. La portavoz popular, Martina Aneiros, acusó a Suárez de apoyar el transfuguismo y sostiene que con el acuerdo plenario «no se ha infringido ningún precepto legal». Con esta demanda los de Suárez socavan un poco más el precario equilibrio de la corporación ferrolana.
La gestión, en segundo plano
Este nuevo episodio es solo uno más de la larga lista de desencuentros políticos que, a la postre, derivan en el bloqueo de la ciudad. Con el gobierno y los partidos enzarzados en cuestiones internas, la gestión ha quedado en un segundo plano. Ferrol funciona con los presupuestos prorrogados del 2015. Con todo lo que ello conlleva: un año en blanco en inversiones y otro en el que, visto lo visto, no resultará fácil sacar adelante unas cuentas.
El gobierno local, de ocho concejales en un arco de 25, apenas ha pasado de los gestos. Ha denunciado la falta de funcionamiento de la depuradora, pero el sistema se retrasa ahora por su culpa. Cargó contra una tasa de saneamiento que ahora retoma. No fue capaz de lograr la remunicipalización de ningún servicio. La empresa que repara baches se queda en cuestión de días sin contrato. El convenio con Defensa para la cesión de una decena de parcelas está paralizado. Y ya no es tan fácil reunirse con el alcalde en un Ayuntamiento cuyas paredes no son de cristal.
Pero, sobre todo, los ferrolanos viven con la incertidumbre de cuál será el próximo sobresalto político que se desayunen, tras haber asistido en 19 meses a un pacto y su ruptura, expulsiones, acusaciones de transfuguismo y a la salida por la puerta de casi una cuarta parte de sus 25 ediles.