Imposible, gritaron los fiscales cuando faltaban semanas para que se cumpliera el plazo de seis meses para revisar miles de causas. Imposible, insisten ahora, a solo dos días hábiles del cierre obligatorio de las instrucciones judiciales abiertas antes del 6 de diciembre, cuando entró en vigor la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una norma de 1882. No suena mal que la Justicia acelere el paso. No suena mal un límite a las instrucciones judiciales para evitar procesos interminables. Pero de nada sirve la ley si jueces y fiscales no tienen la misma aplicación informática para ver los asuntos que ambos investigan. De nada sirve si la Justicia aún se mueve en papel. Ese mismo papel que a partir del lunes volverá a colapsar juzgados y fiscalías. Así parece imposible.