El volumen del fraude fiscal en España supera lo que produce la economía gallega

En plena campaña de la renta, mientras los contribuyente le dan resignados al botón para confirmar su borrador de declaración, salta la bomba. Una filtración masiva de documentos de un bufete panameño, en los que se revela la maraña de sociedades offshore creadas por políticos, empresarios y otras personalidades para eludir el pago de impuestos, vuelve a poner en primer plano el debate sobre el fraude fiscal. Y una de las primeras dudas que se le plantean al contribuyente es cuánto podría bajar su factura tributaria, o cuántos recortes se podrían haber evitado en época de crisis, si todo el que tuviera que pasar por caja lo hiciera religiosamente.

Pero la cuestión no tiene una respuesta sencilla. No existe un dato exacto sobre la magnitud del fraude fiscal en España, sino que los estudios que se han realizado hasta el momento dibujan una horquilla amplia. Los más conservadores, como el realizado por el catedrático Julio López Laborda para el centro de estudios Fedea, estiman que la pérdida de ingresos del erario ronda el 4 % del PIB español, algo más de 40.000 millones. De ellos, la mitad corresponden al fraude en el IRPF, el principal impuesto del sistema tributario español, que el año pasado recaudó 72.345 millones, frente a los 60.304 que se ingresan por IVA.

Mucho más elevados son los cálculos que manejan las autoridades comunitarias, realizados en el 2012 por el británico Richard Murphy, director de Tax Research, que estiman el peso de la economía sumergida en España en el 22,5 % del producto interior bruto, cuatro décimas por encima de la media de la Unión Europea. Con este volumen de actividad en negro, y teniendo en cuenta la presión fiscal media, la pérdida de ingresos para el fisco se situaría en los 72.700 millones de euros. Vamos, lo mismo que se ingresa al año por el impuesto de la renta.

En un punto intermedio se sitúan los técnicos de Hacienda. El sindicato Gestha, que representa al colectivo, cifró el impacto del fraude en 59.500 millones anuales, una cantidad equivalente al gasto sanitario anual en el país (tanto del Estado como de las comunidades autónomas), tal y como recordó en una campaña la oenegé Oxfam Intermón. En concreto, mantener el sistema público de salud le cuesta al erario unos 61.700 millones anuales, según los datos del Ministerio de Sanidad referidos al 2013, el último ejercicio del que hay referencias.

Por seguir las comparaciones, esos 59.500 millones de euros son más de los que consiguió generar el año pasado la economía gallega, cuyo PIB ascendió a 55.700 millones. Y también darían para enjugar todo el déficit de un Estado que el año pasado gastó, a través de sus diferentes administraciones, 55.000 millones más de los que ingresó.

Claro que, recuerdan los expertos, que haya una bolsa de fraude de, tomemos la cifra de Gestha, 59.500 millones, no implica que exista margen real para incrementar la recaudación en la misma medida. Y es que, según explicaron en su momento los investigadores de Fedea, aun en el caso de que la administración tributaria española lograra ser tan eficiente como la alemana o la sueca, solo «lograríamos recuperar entre dos y tres puntos porcentuales de PIB de recaudación en el mejor de los escenarios». Esto es, entre 20.000 y 30.000 millones.

Faltan recursos

Claro que, para llegar a ese punto, hace falta esfuerzo y, sobre todo, recursos. Y los fondos son más que justos Según el último informe de la OCDE, España solo dedica a la Agencia Tributaria el 0,11 % de lo que produce su economía al año, cuatro veces menos, por ejemplo, que Hungría y la mitad que Alemania, Portugal o el Reino Unido. Tampoco van sobrados de personal en el fisco, que, en el 2013, el año analizado, contaba con una plantilla de 26.962 personas, mil menos que las que se encargan de recaudar impuestos en los Países Bajos, donde la población es apenas un tercio de la española (17 millones de habitantes).

Las carencias materiales, acentuadas por la crisis, no han impedido que en los últimos años Hacienda reforzara la lucha contra el fraude, que, gracias al plan de incentivos a los inspectores y el uso de nuevas técnicas informáticas, entre otras medidas, marcó el año pasado un nuevo récord de recaudación. Se recuperaron 15.664 millones que los contribuyentes habían intentado escamotear al fisco, un 27 % más que en el ejercicio anterior.