En España, hablar de empleo público supone discutir sobre tasas de reposición, existiendo un cierto consenso de que sea del cien por cien en aquellas actividades más vinculadas a seguridad, las fuerzas policiales; estabilidad económica del sistema; los servicios de inspección o servicios sociales, como los departamentos de ayuda directa o los centrados en las políticas activas de empleo. Al resto, se le ha asignado una tasa del cincuenta por ciento, es decir dos salidas una entrada. Y, desde luego, si estamos satisfechos con el papel del Estado y su protagonismo en nuestra vida económica y social, ahí debe enmarcarse el debate, en discutir cuántos funcionarios debemos crear por cada uno que sale por jubilación, porque si no es así, nadie deja de ser funcionario ¿Lo discute? No, verdad, y lo que tampoco nadie discute es por qué en este país tiene que haber dos marcos laborales diferentes o por qué determinadas funciones las tiene que hacer el Estado cuando son más propias de la empresa privada o por qué lo público para competir, en lugar de buscar el cariño del ciudadano, se blinda con leyes coercitivas ¿Dónde está el eje del sistema? ¿En la defensa del cuerpo funcionarial o en el bienestar del ciudadano?¿Que uno implica el otro? No me lo creo. Quizás responda que es un avance social que tres millones de españoles tengan su plaza en propiedad y si así piensa, deje que le remita a Suecia, el país europeo con mayor número de empleados públicos y mayor acceso gratuito a los servicios básicos, como sanidad o educación. En los noventa, como consecuencia de una profunda crisis económica, Estocolmo redefinió su estado de bienestar creando lo que denominan capitalismo de bienestar. Buscaron un nuevo pacto social, otro enfoque de la provisión de bienes públicos, facilitaron la competencia de lo privado con lo público, e igualaron el marco legal de sus funcionarios con los del resto de sus compatriotas, de tal modo que anularon las plazas en propiedad. Hicieron un debate que aquí ni se oye ni se le espera.