El Ejecutivo, que estudia si recurrirá, había cifrado en 110 millones el ahorro de ese plan
18 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno gallego ha recibido un nuevo varapalo judicial que le obliga a corregir el rumbo en uno de sus planes sectoriales. En esta ocasión, el ámbito afectado es el del transporte público por carretera. El Tribunal Supremo ha tumbado la resolución que la Consellería de Medio Ambiente aprobó en febrero del 2010 para la modernización de ese sector, que supuso la renovación automática por diez años de las concesiones de transporte público para más de un centenar de empresas. El fallo aboca a la Xunta a licitar esas concesiones, y desbarata una prórroga que, según defendió en el momento de su aprobación, iba a reportar un ahorro de 110 millones para las arcas autonómicas hasta el 2020, sobre todo, en transporte escolar, que asumió un recorte del 7 % en los pagos de la Administración.
La sentencia estima un recurso de casación presentado por la Comisión Nacional de la Competencia, que llevó el asunto al Supremo una vez que el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) había desestimado, en mayo del 2012, un recurso anterior. En concreto, el órgano regulador sostiene que el plan de modernización del transporte público habría conculcado el reglamento comunitario por establecer una duración de las concesiones superior a los 10 años, que ese ordenamiento fija como máximo.
En la sentencia con la que da la razón a Competencia, el Tribunal Supremo también se apoya en un decreto similar de la Comunidad Valenciana. Determina que, como en aquel caso, aunque la ley gallega sobre transporte (5/2009) es la que prevé las prórrogas de las concesiones en vigor por un período de 10 años, estas se hacen efectivas a través de una resolución posterior, por la que se aprueba el plan que contempla la modernización del sector.
Ante esta sentencia, la Xunta alega que sus servicios jurídicos estudiarán el margen «para defender a autonomía lexislativa da comunidade», en la medida en que, aduce, ese fallo del Supremo se sustenta en el reglamento comunitario que contraviene lo recogido en la ley gallega y en la resolución de la Dirección Xeral de Mobilidade que la desarrolla. Insiste la Xunta en que la prórroga de las concesiones tiene su origen en esa ley, que, defiende, dio estabilidad a más de 5.000 trabajadores en Galicia y cumplió el doble objetivo de «mellorar a competitividade das empresas e ofrecer servizos máis eficientes aos usuarios».
En el caso de que finalmente presente recurso, si no prospera, la Administración gallega se vería abocada a anticipar una licitación de las concesiones del transporte público de viajeros por carrera, proceso que, en principio, no iba a producirse hasta el 2020.
El Ejecutivo garantiza la continuidad de los servicios aunque adelante su licitación
La sentencia del Tribunal Supremo puede tener más repercusión en el sector del transporte público por carretera que en los propios usuarios. La Xunta asegura que la continuidad de los actuales servicios está garantizada, incluso si finalmente tiene que adelantar el proceso de licitación de las concesiones. Recalca el Ejecutivo que la prórroga automática anual de un conjunto de contratos hasta el 31 de diciembre del 2020, que fue lo que estableció la ley autonómica, fue una solución en la línea de la que adoptaron otras 12 comunidades para vincular la obligada adaptación a la normativa comunitaria con una mejora de los servicios. Insiste la Xunta en que las empresas adheridas al plan, y por tanto con concesiones prorrogadas, se comprometieron a modernizar la flota y adaptar los autobuses para personas con movilidad reducida, entre otras mejoras.