Los cien policías imputados por retirar multas serán investigados por otro juzgado 6 años después
GALICIA
El juez de Lugo al que le correspondía decidió enviarlo a reparto para evitar que pudiera producirse una nulidad
11 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Después de seis años de instrucción, el caso de la presunta retirada de multas en la Policía Local de Lugo se va a otro juzgado. Unos cien agentes, casi el 90 por ciento de la plantilla, había sido llamados a declarar en calidad de imputados por una magistrada que se marchó de Lugo y que dejó el asunto a su sustituto. El juez que se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 3 en calidad de titular, tomó la decisión de que el asunto fuese enviado a reparto para evitar una posible nulidad de actuaciones, máxime después de que la Audiencia Provincial de Lugo hubiese decidido en su momento anular el caso del sobreseimiento de multas por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico. Esta decisión también afectó a la denominada operación Rei que involucra al exalcalde de Castro de Rei y a varios concejales de su equipo, imputados por su presunta participación en una trama de adjudicaciones irregulares.
Fue a posteriori el Tribunal Supremo el que consideró que las posibles irregularidades que pudo cometer la jueza instructora de los tres asuntos, Estela San José, no bastaban para anular todas las actuaciones como pretendía la audiencia lucense. Por eso, el alto tribunal ordenó emitir sentencia en el caso de las multas de Tráfico y celebrar el juicio a los acusados de Castro de Rei.
El juez que sustituyó a San José consideró que las diligencias sobre la presunta retirada de sanciones en la Policía Local de Lugo deberían ir a reparto para evitar posibles irregularidades y fuese así el magistrado al que le correspondiese quien tomase las decisiones pertinentes.
Largo proceso
A los seis años de instrucción habrá que sumar ahora algún mes más hasta saber qué decisión puede adoptar la titular del Juzgado de Instrucción número 2 al que ahora fue a parar el caso. La situación parece esperpéntica. Los policías locales fueron imputados un año después de que la instructora comenzase su investigación. Llevan por tanto cinco en esa situación. Declararon hace más de dos y, desde finales de junio del 2014, sus abogados no volvieron a tener ninguna noticia sobre las diligencias.
Sin respuestas
Lo último que llegaron a saber es que la jueza Estela San José Asensio les concedió en ese mes un plazo de cinco días para que se pronunciaran sobre la posible nulidad de actuaciones por las mismas razones por las cuales la Audiencia había tumbado del caso de las multas de la DGT, que luego el Supremo reactivó. Los letrados de los policías pidieron la nulidad de las actuaciones y el sobreseimiento de las mismas, pero nadie les contestó hasta ahora, entre otras razones porque la jueza que se ocupaba del caso pidió el traslado y ahora está en Huelva.
El pasado mes de mayo, cuando ya habían pasado exactamente 350 días de la presentación de un escrito pidiendo la nulidad de actuaciones sin que hubiese obtenido ninguna respuesta, el abogado coruñés Jorge Vázquez, que representa a un total de 62 agentes imputados, pidió que el asunto fuese al cesto de los papeles o, en caso contrario, se impulsase, porque entendía que no era de recibo que los policías llevasen cinco años imputados.
Ha de ser la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 la que se ocupe de responder las alegaciones presentadas hace ya año y medio por los abogados. En caso de que decida seguir adelante con la tramitación tendrá que decidir si mantiene las imputaciones efectuadas por la anterior jueza y remitir el asunto a la fiscalía para que se pronuncie al respecto. Todo apunta a que el caso, si acaba saliendo adelante, quedará muy descafeinado, como sucedió con la operación Rei.