La Xunta descarga por ley en su asesoría jurídica la decisión de defender o no a altos cargos imputados
GALICIA
Las autoridades públicas o funcionarios que sean declarados culpables y hayan sido asistidos por abogados autonómicos tendrán que pagar los gastos ocasionados en los juicios
12 mar 2015 . Actualizado a las 14:02 h.Al Gobierno gallego se le agota el tiempo y pisa el acelerador para cumplir lo prometido por su presidente en el Parlamento el 27 de enero del 2015. Aquel día, Alberto Núñez Feijoo garantizó ante sus señorías que en los 50 días siguientes impulsaría cinco leyes contra la corrupción y en pro de lo que él gusta en llamar «rexeneración democrática». Esta mañana, en su reunión semanal, su Gabinete ha dado luz verde, todavía en forma de anteproyecto, a la tercera de ellas.
En su comparecencia ante la Cámara a principios de año, el mandatario popular había anunciado media decena de normas: una de financiación de partidos y otra de participación ciudadana, ambas ya en tramitación; una para que el Consello de Contas asuma tareas de prevención y otra de transparencia, las dos pendientes; y, finalmente, una de asistencia jurídica a funcionarios y autoridades públicas, que es a cuyo borrador el Ejecutivo ha otorgado su plácet esta mañana.
En rueda de prensa tras el encuentro ordinario con su equipo, el mandatario popular ha explicado las, a su juicio, grandes novedades que comportará en el futuro la entrada en vigor de este último texto legal, el cual vendrá a sustituir a uno menos completo y desfasado, emitido en 1984 con la condición de «provisional». Supondrá, ha aseverado, una «adaptación dos criterios de asistencia ás necesidades actuais e ao que os cidadáns esperan; é dicir, maior control e eficiencia no uso de recursos».
Según su explicación, la competencia de decidir si la Administración defiende o no a uno de sus empleados o altos cargos en un pleito quedará delegada por completo en la asesoría jurídica de la Xunta, o sea, fuera de la esfera política, algo que hasta el momento es costumbre y en adelante quedará fijado como obligación. En paralelo, la ley determina que si alguien ha sido amparado por abogados públicos y resulta condenado tendrá que abonar los gastos generados en el proceso, siguiendo las tablas de tarifas de los colegios profesionales. Y viceversa: si le ha sido denegado el auxilio y más tarde es declarado inocente, tendrá derecho a pasar la minuta al erario.
Aunque Feijoo no ha aludido al caso, esta norma se inscribe en el contexto del turbulento mandato municipal 2011-2015 en Santiago. No en vano, su gobierno local, del PP, cayó en junio del 2014 tras ser condenados por prevaricación siete de sus miembros después de que estos hubiesen acordado en el 2013 pagar con fondos del Concello la defensa de un concejal compañero imputado en la operación Pokémon. Supuestamente, la ley autonómica que hoy ha empezado a coger forma evitará que situaciones de este tipo se den en el seno de la Xunta.
No ha sido este el único asunto abordado por el Gobierno. Entre otras decisiones, ha adoptado la de aprobar de manera definitiva un decreto sanitario al que ya había dado vía libre inicial hace un mes y medio. En virtud del mismo, el Sergas reducirá plazos y aumentará supuestos en la gestión de las denominadas segundas opiniones médicas. Frente a los 30 actuales, dispondrá de diez días hábiles para responder a las peticiones de emisión de un diagnóstico o de una indicación terapéutica de contraste. Y luego, al igual que en estos momentos, tendrá otro 15 para, una vez aceptadas, llevarlas a cabo.
Digitalización de aulas
Además, el Consello ha analizado el paquete de inversiones avanzado a mediados de esta semana en el Parlamento por el nuevo conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez. Se trata de un gasto de 18,4 millones de euros adicional al ya recogido en los Orzamentos 2015. Servirá, de acuerdo con el presidente, para extender la digitalización de las aulas a todas las de la comunidad desde quinto de primaria hasta bachillerato, amén de para actualizar equipamientos e infraestructuras en 60 centros de las cuatro provincias.
Convenio con el banco malo
El Ejecutivo, asimismo, ha autorizado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a firmar un convenio con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinar a alquileres sociales pisos del conocido como banco malo. Serán 50 las viviendas que en una primera fase salgan al mercado, si bien el concierto, cuya vigencia se fija en cuatro años ampliables, prevé que asciendan hasta las cien en etapas posteriores. Como mucho, sus inquilinos pagarán al mes una renta de 400 euros, mientras que la Xunta y la propia Sareb asumirán gastos de mantenimiento, tributación y comunidad, entre otros.
Polémica con Touriño
En su comparecencia, ya a preguntas de los medios, Feijoo se ha referido igualmente a varios temas de actualidad. Por ejemplo, a la polémica abierta entre él y su inmediato antecesor en el cargo, Emilio Pérez Touriño, después de que el líder conservador insinuase el martes que sus precedesores al frente del Ejecutivo pagaban con fondos públicos viajes de partido, algo que el socialista se apresuró a desmentir. El actual presidente de la Xunta ha intentado zanjar el asunto sentenciando: «[Antonte] eu non nomeei a ninguén». No obstante, ha recordado la tensa relación por los desplazamientos de Touriño que mantenían los propios socios del bipartito en el período 2005-2009, BNG y PSOE. «Se alguén se sinte ofendido, eu non son responsable do que publican as hemerotecas», ha concluido.