La ley para multar a dueños de casas sin acabar lleva 12 años sin aplicarse

serafín lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

La Xunta se ha propuesto acabar con los paisajes de obras inacabadas y obligará a los alcaldes a exigir a sus vecinos que las rematen.
La Xunta se ha propuesto acabar con los paisajes de obras inacabadas y obligará a los alcaldes a exigir a sus vecinos que las rematen. vítor mejuto

La nueva norma del suelo que diseña la Xunta, que deberá esperar al menos a finales del 2015 para entrar en vigor, obligará a los alcaldes a intervenir

14 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

El problema está a la vista y Galicia dispone del marco legal para combatirlo. Pero falta voluntad para aplicarlo. En los casi doce años de vigencia de la actual Lei do Solo (9/2002), los artículos que regulan el deber de los propietarios de rematar las viviendas inacabadas permanecen inéditos. No se ha movido la Xunta ni tampoco los alcaldes, a los que la norma en vigor conmina a ordenar la realización de las obras necesarias y a proceder a la ejecución subsidiaria o forzosa de esos trabajos si los dueños incumplen la orden. El bipartito llegó a remitir una circular a los concellos en el 2006 instando a cumplir la ley. Pero no pasó nada.

Por todo ello, la nueva apuesta que el Gobierno de Feijoo ha plasmado en el borrador de la norma que sustituirá a la del 2002 para penalizar a los responsables de las casas inacabadas requerirá, más que de un soporte jurídico que ya existe, de determinación para utilizarlo. El cambio que introduce en ese sentido el anteproyecto de ley que ayer inició la fase de exposición pública es la conversión en un precepto imperativo de la capacidad potestativa que hasta ahora tenían los ayuntamientos para actuar. Es decir, los alcaldes estarán ahora obligados a dirigirse a sus vecinos para que acaben sus casas.

En manos de los concellos

Además de esa obligación de dictar órdenes de ejecución de las obras necesarias, el borrador de la norma que reemplazará a la que acumula ocho reformas (y dos adecuaciones a la ley estatal) en doce años amplía las multas coercitivas del marco actual, que nunca se han interpuesto. De un importe de 300 a 6.000 euros se pasa a multas acumulativas que irán de 1.000 a 10.000, con un tope de 25.000 en 15 meses. Como en el texto en vigor, el nuevo impondrá al concello la ejecución subsidiaria de las obras si las sanciones no dan resultado. Y en última instancia será la Xunta la encargada de realizar subsidiariamente los trabajos y pasar la factura al propietario. La Administración sí está usando la piqueta para limpiar abusos urbanísticos en suelo rústico. El año pasado se demolieron 100 edificaciones ilegales, en muchos casos por los propios infractores para ver rebajada la sanción, y la Axencia da Legalidade Urbanística interpuso 417 multas.