La ley para multar a dueños de casas sin acabar lleva 12 años sin aplicarse

El problema está a la vista y Galicia dispone del marco legal para combatirlo. Pero falta voluntad para aplicarlo. En los casi doce años de vigencia de la actual Lei do Solo (9/2002), los artículos que regulan el deber de los propietarios de rematar las viviendas inacabadas permanecen inéditos. No se ha movido la Xunta ni tampoco los alcaldes, a los que la norma en vigor conmina a ordenar la realización de las obras necesarias y a proceder a la ejecución subsidiaria o forzosa de esos trabajos si los dueños incumplen la orden. El bipartito llegó a remitir una circular a los concellos en el 2006 instando a cumplir la ley. Pero no pasó nada.

Por todo ello, la nueva apuesta que el Gobierno de Feijoo ha plasmado en el borrador de la norma que sustituirá a la del 2002 para penalizar a los responsables de las casas inacabadas requerirá, más que de un soporte jurídico que ya existe, de determinación para utilizarlo. El cambio que introduce en ese sentido el anteproyecto de ley que ayer inició la fase de exposición pública es la conversión en un precepto imperativo de la capacidad potestativa que hasta ahora tenían los ayuntamientos para actuar. Es decir, los alcaldes estarán ahora obligados a dirigirse a sus vecinos para que acaben sus casas.

En manos de los concellos

Además de esa obligación de dictar órdenes de ejecución de las obras necesarias, el borrador de la norma que reemplazará a la que acumula ocho reformas (y dos adecuaciones a la ley estatal) en doce años amplía las multas coercitivas del marco actual, que nunca se han interpuesto. De un importe de 300 a 6.000 euros se pasa a multas acumulativas que irán de 1.000 a 10.000, con un tope de 25.000 en 15 meses. Como en el texto en vigor, el nuevo impondrá al concello la ejecución subsidiaria de las obras si las sanciones no dan resultado. Y en última instancia será la Xunta la encargada de realizar subsidiariamente los trabajos y pasar la factura al propietario. La Administración sí está usando la piqueta para limpiar abusos urbanísticos en suelo rústico. El año pasado se demolieron 100 edificaciones ilegales, en muchos casos por los propios infractores para ver rebajada la sanción, y la Axencia da Legalidade Urbanística interpuso 417 multas.

En todo caso, el éxito de la principal medida legislativa contra el feísmo volverá a quedar en manos de los alcaldes, ya que son los concellos los que tienen las competencias en primera instancia. El precedente del 2006 no invita al optimismo. La circular que el bipartito envió a los concellos chocó con la reticencia de los regidores a enfrentarse a los vecinos a un año de las municipales del 2007. Entonces los ediles alegaron falta de medios, y la Xunta ni ordenó rematar casa alguna ni tramitó ninguna sanción. En su lugar, la Consellería de Vivenda de Teresa Táboas (BNG)optó por subvencionar las obras pendientes con ayudas de hasta 6.000 euros. Aunque esa estrategia también acabó pinchando, porque muchas de esas casas carecían de la licencia municipal necesaria para acceder a la ayuda.

Esta vez no habrá problema con las municipales. La previsión es que la Xunta apruebe el proyecto de ley en junio, por lo que no iniciará la tramitación parlamentaria hasta septiembre. Según esa hoja de ruta, la aprobación definitiva deberá esperar al menos a finales del 2015.

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