Los inquilinos de 424 viviendas situadas en dominio público junto al mar ven elevadas las concesiones por otros 75 años
GALICIA
El nuevo Reglamento General de la Ley de Costas permitirá vender, heredar e hipotecar los inmuebles afectados
11 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Las familias que habitan las viviendas que se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre, y que están por tanto sujetas a una concesión del Estado, cuentan desde ayer con una garantía adicional que da oxígeno a su situación. El Consejo de Ministros aprobó el Reglamento General de la Ley de Costas, que recoge el compromiso adquirido durante la tramitación de la norma para ampliar por otros 75 años esas concesiones. Según los cómputos de la Xunta, en Galicia son 424 casas las que se beneficiarán de esa prórroga (198 en Pontevedra, 188 en A Coruña y 38 en Lugo), que extiende los 30 años de duración máxima que tenían las concesiones en la actualidad.
93 en Moaña
El concello con más viviendas en esa situación es Moaña, donde la reforma de la Ley de Costas que el PP aprobó en solitario en mayo del 2013, y que ahora se desarrollará a través del reglamento correspondiente, dejó fuera del dominio público 93 casas edificadas en zona urbana con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, en 1988.
El nuevo marco también establece como aspecto novedoso la posibilidad de transmitir las concesiones, que se podrán vender, heredar o ser objeto de hipotecas. Además, sus inquilinos podrán hacer reformas en las construcciones, siempre que esas obras no aumenten su tamaño y superficie original. A cambio, los ocupantes deberán abonar un canon al Estado, cuyo importe dependerá del lugar en el que se ubique la edificación y del tipo de uso que tengan.
367 empresas en esa tesitura
Esta prórroga por 75 años también beneficiará a 367 actividades empresariales asentadas dentro del dominio público, de las que 21 son hoteles. En este punto, la reforma de la Ley de Costas ha avivado la incógnita sobre si Ence será una de las empresas favorecidas por la ampliación de esa concesión estatal para poder continuar su actual emplazamiento en la ría de Pontevedra. El Gobierno de Feijoo ya advirtió que no se trata de una prórroga automática y que evaluará la situación después de escuchar a todas las partes. El PP incluyó en sus programas del 2009 y del 2012 la salida de la pastera de la ría en el 2018.