Los propios barones del PP se han apresurado a recurrir a las competencias estatutarias sobre el régimen local
14 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Rajoy la anunció hace dos años como una ley revolucionaria. Pretendía liquidar más de 20.000 cargos electos en ayuntamientos y diputaciones. Preconizaba una drástica rebaja retributiva que convertiría la política local fuera de las ciudades en un ejercicio plenamente vocacional. Y buscaba laminar las competencias de los concellos para salvar los feudos del poder provincial. Pero esa reforma local nunca llegaría a cuajar. Su errática gestación por el Ministerio de Administraciones Públicas dejó al descubierto los despropósitos de un texto que levantó un rechazo generalizado. Montoro lo descafeinó para aplacar al municipalismo y a las comunidades autónomas, incluidas las de su propio partido. Y la revolución quedó en petardo de feria. En la práctica, la controvertida norma deja una figura del interventor reforzada en sus funciones de fiscalizador de la mayor disciplina contable que el Gobierno impone a los concellos. Pero su trascendencia real en la gestión diaria de los municipios apenas va más allá.
El desafío de los barones del PP
Los propios barones del PP se han apresurado a recurrir a las competencias estatutarias sobre el régimen local para dejar sin efecto el fuerte impacto que tendría la reforma en la gestión municipal. Desactivadas la supresión de cargos y el tijeretazo a las retribuciones, lo que más inquieta a los Gobiernos autónomos es la voladura del mapa de servicios actual. Por eso otras diez comunidades han seguido el camino que el Ejecutivo de Feijoo emprendió en abril y han promovido leyes y decretos con medidas urgentes para que los ayuntamientos puedan seguir prestando los mismos servicios. Entre esas autonomías, además de Galicia, figuran otras seis gobernadas por el PP: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Murcia y Aragón. También han avanzado por esa vía estatutaria en Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias. Además de acatar la demanda del municipalismo, las comunidades buscan evitar otra sima en sus cuentas. Asumir los servicios de los concellos le costaría a la Xunta 300 millones al año. ¿Y qué dice el Gobierno? Su respuesta al órdago de las autonomías es un elocuente silencio, tal vez a la espera de que se pronuncie el Constitucional.