Son Ana González y Tamara Vidal, sentenciadas a tres años por tirar pintura a una piscina en Pontevedra, y Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, identificados en unos incidentes en una manifestación
07 jul 2014 . Actualizado a las 15:27 h.El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha comprometido hoy a estudiar las peticiones de indulto para 3 sentencias de 3 años y un día de prisión a seis sindicalistas, cuatro de ellos gallegos, por delitos contra los derechos de los trabajadores ocurridos en Pontevedra, Vigo y Granada. Ana
González y Tamara Vidal, de Pontevedra, fueron condenadas a tres años de prisión por arrojar pintura a una piscina en el transcurso de un conflicto laboral en unas instalaciones deportias. Por su parte, Carlos Rivas (UGT) y Serafín Rodríguez (CIG) son dos sindicalistas vigueses condenados también a tres años de cárcel tras ser identificados en unos disturbios durante la huelga del transporte del año 2008.
En declaraciones a los medios tras reunirse con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, el titular de Justicia se ha comprometido a estudiar estos casos «y alguno que se pudiera producir en el futuro» si bien ha dejado claro que el derecho de gracia exige un estudio individual y la política de indultos no puede contemplarse con carácter general «porque no lo permite la Constitución».
El ministro también ha explicado que los líderes sindicales le habían trasladado la preocupación por los efectos de la aplicación estricta del punto tercero del artículo 315 del Código Penal, que castiga a quienes coaccionan a otros para iniciar o continuar una huelga.
En este asunto, los sindicatos han expresado al ministro su inquietud por lo que pudiera ser «una acción concertada» de las fiscalías o una instrucción del Fiscal General del Estado y han subrayado la coincidencia en el tiempo de la utilización de una norma que está en el Código Penal desde el año 1995 pero que hasta el momento no se había utilizado.
Ruiz-Gallardón ha negado tajantemente que hubiese algún tipo de instrucción por parte del fiscal general del Estado y ha dicho que aunque la opinión de jueces y fiscales haya resultado coincidente en el tiempo es «fruto de su propia reflexión».
También en un encuentro con los medios, los líderes sindicales han calificado de «receptiva» la actitud del ministro y han valorado que, además, se comprometiese a trasladar su petición de reforma del Código Penal a los grupos parlamentarios.