El juez ha citado a Iolanda Pérez, secretaria de organización, en relación con unas asistencias externas en el Ayuntamiento
05 jun 2014 . Actualizado a las 11:15 h.Exconcejala del BNG en Ourense y número 3 en Anova, tras Xosé Manuel Beiras y Martiño Noriega, Iolanda Pérez Docampo figura en la relación de imputados en uno de los casos que afectan a la gestión del Concello de Ourense, el de las polémicas asistencias externas de técnicos para los departamentos municipales de rehabilitación y urbanismo. Iolanda Pérez, que había tomado posesión como concejala del BNG en octubre del 2010, apenas estuvo unos meses en la corporación. Fue, no obstante, teórica responsable del área de rehabilitación, por lo que el juez la ha citado como imputada para aclarar su intervención en la contratación de las asistencias externas.
Iolanda Pérez se había incorporado para sustituir a Andrés García Mata, entonces teniente de alcalde del BNG, que renunció a la condición de concejal en el mismo momento en que el juez de instructor dictó entonces la apertura de juicio oral por un asunto que afectaba a la gestión municipal, el de los paneles publicitarios, por el que finalmente fueron absueltos todos los acusados: tres políticos, dos empresarios y un funcionario.
La citación a Iolanda Pérez la comunicó a primeros de mayo el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, al mismo tiempo que a su antecesor y exteniente de alcalde, Andrés García Mata, y la directora xeral de recursos humanos del Concello, la socialista Carmen Rodríguez Dacosta. Declaró esta última el lunes de esta semana, pero no lo hicieron ni Pérez Docampo ni García Mata, al haber aceptado el instructor un aplazamiento, sin que, por el momento, se haya fijado fecha.
Prevaricación administrativa
La supuesta prevaricación se basa, según la denuncia, en que buena parte de esas asistencias han acabado con la incorporación a la plantilla municipal de los beneficiados, al haber reconocido los juzgados de lo social los derechos laborales de estos trabajadores, que prestaban sus servicios en las propias dependencias municipales.
Aunque la denuncia apuntaba hacia la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto, el alcalde Agustín Fernández y su antecesor, Francisco Rodríguez, junto con la exconcejala no electa Carmen Rodríguez Dacosta (actual directora xeral de personal, tras haber liquidado el Constitucional la figura de los concejales no electos), la instrucción puso de relieve que la mayoría de los contratos se hacían desde el departamento de Rehabilitación. Durante el mandato del bipartito local PSOE-BNG, la responsabilidad de esa área correspondió siempre a los nacionalistas.
La denuncia para que el juez investigara las asistencias técnicas la plantearon los sindicatos USO y CIG. El grupo municipal del PP se ha personado en la causa tan pronto como el juez aceptó la tramitación, aunque hasta ahora no han asistido a las declaraciones ni los abogados de los sindicatos ni del PP, al no aceptar inicialmente el juez la personación para exigir fianza a las tres partes. La Audiencia ha rebajado la exigencia, por lo que es previsible que a la declaración de Iolanda Pérez Docampo y Andrés García Mata ya puedan asistir los letrados del PP, CIG y USO en calidad de acusación particular.