31 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.
El detonante fue la reclamación de una estudiante de Portomarín, a la que le denegaron la beca, al superar el umbral de patrimonio. Su vivienda habitual tiene un valor catastral de 34.601. La afectada presentó alegaciones ante la Secretaría de Estado de Educación, que fueron desestimadas. El caso llegó a manos del alcalde de Portomarín, que remitió escritos a la Subdelegación del Gobierno, a Educación y a la Gerencia del Catastro. En ellos da cuenta de la discriminación que sufren los alumnos de la zona rural y solicita que tengan «en cuenta la situación planteada y resuelvan este problema para que puedan ejercer el derecho a la Educación con independencia de la ubicación de su vivienda habitual».