El juez Aláez imputa al interventor general del Estado en el caso Alvia

Lo cita a declarar tras comprobar que formó parte del consejo del ADIF


Redacción / La Voz

Justo cuando finalizaron las no declaraciones de los once ex cargos del ADIF imputados en el caso Alvia, el juez Luis Aláez dictó un auto con el que citaba a declarar al imputado número 12, José Carlos Alcalde, ausente «por error» en la anterior lista de citaciones. Aunque carece de una relación directa con la puesta en marcha de la línea como los dos que se negaron a declarar ayer -el expresidente del ADIF, Antonio González Marín, y el director de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte- su relevancia radica en el cargo que ocupa actualmente: es el interventor general del Estado, el máximo responsable del control de la contabilidad de la Administración.

La nueva imputación se produce después de comprobar, en la documentación remitida en su momento por el ADIF, que José Carlos Alcalde formaba parte del consejo de administración del ente ferroviario cuando se inauguró la línea, en diciembre del 2011. «Por error se omitió la citación», se asegura en el auto, «por lo que procede subsanar dicha omisión una vez verificado que el citado ostentaba aquella condición en aquella fecha».

Aláez lo llama a declarar el 16 de junio, cuando se supone que todavía estará al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, pues el relevo con el juez Andrés Lago Louro se producirá en torno al día 20 de ese mes, según los plazos previstos por el Consejo General del Poder Judicial. Si no se modifica la fecha, esta comparecencia -se supone que también se negará a declarar, como el resto- será probablemente su último acto relacionado con la instrucción del accidente que causó la muerte de 79 personas en Santiago.

Finalmente, los once imputados que le precedieron en este trámite optaron por no declarar, incluidos los dos cargos clave en la puesta en marcha de la línea de alta velocidad: el presidente del ADIF durante los dos gobiernos del PSOE, Antonio González Marín, y el hombre en el que había delegado todas las competencias en materia de seguridad, Andrés Cortabitarte. Este último entró a las 10 de la mañana a los juzgados de Santiago con gafas de sol.

Buena parte de ellos han presentado ya sus recursos para intentar que la Audiencia Provincial de A Coruña levante las imputaciones, como ya hizo con las que el juez había decidido a finales de septiembre. A estos recursos se suma el de la Abogacía del Estado y el de la Fiscalía. Se calcula que la Audiencia los resolverá en julio.

Frustración en las víctimas

Las víctimas del accidente del Alvia mostraron ayer su «frustración», «dolor» y «estupor» ante la estrategia legal de no declarar de los once excargos del ADIF, y recriminaron a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que sus promesas de colaboración con la Justicia no se estén cumpliendo. En este sentido se manifestó ayer la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 y, con matices, Javier González, el abogado de la otra asociación de afectados, Apafas. El letrado admitió que «colectivamente» el ADIF tiene intención de colaborar con el juez, aunque «individualmente» los imputados han optado por una estrategia de defensa que excluye responder a las preguntas del juez, el fiscal y los abogados de las distintas partes del procedimiento.

En la otra plataforma de víctimas la reacción es más airada, y reclaman a la ministra que «deje de hacer declaraciones vacías» y que cese a los «actuales cargos del ADIF que se han negado a declarar». La mayoría ya no están vinculados con el administrador ferroviario.

También piden a Pastor una comisión independiente para investigar el siniestro, pues creen que la actual no lo es.

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