Compostela padeció ayer uno de los hitos más bochornosos de su historia democrática. No voy a entrar en si los siete concejales que se sentaron en el banquillo incurrieron o no en responsabilidad penal, eso es cosa del juez: si sabían, sospechaban o desconocían lo que toda Galicia supo cinco días antes de que ellos aprobaran el pago con dinero público del abogado de su compañero imputado («La jueza de la operación Pokémon investiga al edil Adrián Varela por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental», tituló La Voz en portada); si el hecho de no explicitar, en la literalidad del acuerdo, las condiciones para que se consumara ese pago fundamenta una condena de prevaricación. Tendrá que valorarlo el tribunal.
La impetuosa María Pardo se lo dijo bien claro en el juicio a la fiscal: la solicitud de Varela fue «un error político enorme». Pero no tan enorme como la decisión de ella misma y de los otros seis concejales de aprobarla. A la sabiduría popular me remito: ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Un error de ese calibre y que además lleva a siete cargos públicos al banquillo de los acusados solo merece una respuesta: asumir responsabilidades políticas. Eso es lo que no les exigió su jefe de filas, Núñez Feijoo, que prefirió que sea la Justicia la que resuelva los dilemas éticos del PP. Al sentarse en el banquillo no como ciudadanos de a pie, sino como representantes de la capital de Galicia, los siete ediles han agrandado más si cabe la enorme brecha que separa al gobierno de Ángel Currás de sus vecinos. Y, para guinda de este bochornoso pastel, el apoyo presencial de Conde Roa. El colmo.