10 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.
A principios de marzo del año pasado, una denuncia anónima puso en conocimiento de la Fiscalía de Pontevedra la situación de los alquileres. Del caso se hizo cargo el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, que pidió una serie de pesquisas a la Guardia Civil y a la Agencia Tributaria encaminadas a determinar si existían o no diferencias sustanciales entre lo que estaba abonando Severino Reguera por metro cuadrado y lo que se pagaba por otros locales similares de la zona. Ayer, el presidente de la Diputación Provincial remarcó que «a denuncia non pon nome, nin apelidos. Entón non podo saber quen é, pero a iso eu lle resto importancia. O importante é esclarecer esa diferenza que se argumenta».