Los tejemanejes de Gerardo Conde Roa continúan dando reveses al Concello de Santiago
03 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Como un elefante en una cacharrería. Así llegó Gerardo Conde Roa (PP) a la alcaldía de Santiago el 1 de julio del 2011 tras ganar en las urnas por un puñado de votos una mayoría absoluta que puso fin a tres décadas de gobiernos socialistas. Prometía cambios, austeridad y buen gobierno, pero su breve paso por la alcaldía solo puede resumirse con una palabra: desastre. Y es que tras tan solo nueve meses y medio en el poder fue imputado en tres causas diferentes y condenado a dos años de prisión por fraude fiscal.
El día que se pinchó el globo en el que quería volar Conde Roa fue el 4 de abril del 2012, cuando se conoció que la Fiscalía le había presentado una denuncia por haber defraudado a Hacienda 291.000 euros del IVA de la venta de unas viviendas de su promotora inmobiliaria. El exregidor se sentía intocable y quizás por eso respondió sacando pecho. Al día siguiente afirmaba tajante: «No voy a dimitir». Pero la realidad y la Justicia lo pusieron en su sitio. Tras dos semanas de infarto, tuvo que dar su brazo a torcer, agachar las orejas y salir del pazo de Raxoi por la puerta de atrás y abandonado por la dirección regional del PP. El 16 de abril presentó su dimisión y su única victoria fue lograr que el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, tuviese que tragar con el sapo de que el sucesor fuese Ángel Currás, su hombre de confianza.
El exalcalde primero negó que estuviese imputado por fraude fiscal, pero lo estaba. Luego intentó hacer ver que el asunto no tenía recorrido, pero el fiscal lo acusó formalmente y tuvo que sentarse en el banquillo. El juicio tampoco le fue bien. El 1 de octubre del 2013 se hizo pública su condena a dos años de prisión, otros tantos de inhabilitación para cargo y empleo público y cinco para el desarrollo de actividades inmobiliarias, además de al pago de una multa de 582.000 euros y a devolver los 291.000 euros defraudados.
Esa sentencia culminó el annus horribilis de Conde Roa, el 2013, en el que el exalcalde compostelano fue imputado por delitos de corrupción en la operación Manga, una secuela de la Pokémon, y por prevaricación y acoso por la denuncia del exsubjefe de la Policía Local. El agente asegura ser objeto de una persecución del PP local porque el exregidor le juró enemistad eterna por haberse negado a hacer desaparecer las diligencias de la multa por conducir ebrio al que era su mano derecha: el edil Ángel Espadas.
El incidente ocurrió cuando el PP aún estaba en la oposición y con la llegada de Conde Roa a la alcaldía llegó el momento de la supuesta venganza. El policía dejó de ser subjefe, pero sostiene que se le relegó ilegalmente y tras abrirle un expediente por el que lo sancionaron con un mes de empleo y sueldo, decisión que la Justicia acaba de anular dándole la razón.
El secretario y la interventora
Esa sentencia se conocía esta semana y el mismo día que otra del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declara ilegal las contrataciones de un secretario y un interventor afines al PP con los que Conde Roa pretendía librarse de los que había en el Concello cuando él llegó y que ponían pegas a sus pretensiones, especialmente a la ampliación a Aquagest del contrato del servicio de aguas. Él niega esta relación y alega que simplemente no confiaba en ellos.
El caso Pokémon saltó en enero del 2013 y desde el principio se rumoreó con la implicación de Conde Roa en esta presunta trama de corrupción en la concesión de contratos públicos por parte de políticos que habrían recibido a cambio dinero y regalos. El 14 de febrero eran detenidos, entre otros, un concejal compostelano, Albino Vázquez, y la mano derecha del exregidor, Ángel Espadas, que había sido su jefe de gabinete hasta su obligada dimisión.
Conde Roa no fue arrestado, pero la imagen de los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera golpeando la puerta de su casa para entrar a registrarla dio la vuelta a España. El defenestrado exalcalde acabó imputado por delitos de corrupción y, según se ha ido levantando el secreto de sumario, se han ido conociendo conversaciones telefónicas que fueron grabadas y en las que queda patente el máximo interés que tenían tanto él como Ángel Espadas y el delegado de Aquagest en librarse de un secretario y una interventora que fueron relegados de sus puestos y que viven hoy un auténtico destierro profesional.