Quiere saber quiénes controlaban el acceso a la caja de seguridad que registró
23 abr 2014 . Actualizado a las 10:14 h.La instructora de la operación Pokémon, Pilar de Lara, libró un nuevo oficio a Novagalicia Banco para que «cumpla en sus propios términos y a la mayor brevedad posible» el que ya le envió con fecha del 28 de marzo. En el oficio pedía la identidad de todos los directores y subdirectores que tuvo la sucursal de la plaza de Santo Domingo, de Lugo, desde enero del 2008. En esa oficina se presentó De Lara el día 27 de ese mismo mes para revisar el contenido de una caja de seguridad, que figura a nombre de la empresa Decon, que creó uno de los imputados, Demetrio Arias, copropietario del servicio de la grúa de Lugo.
La jueza, en una providencia del pasado día 10, requería nuevamente los nombres de todo el personal encargado de realizar «el control de las cajas de seguridad y llevanza de los correspondientes libros registros así como de realizar los preceptivos asentamientos de las visitas a la caja de seguridad en idéntico período de tiempo».
Novagalicia dice que ya los dio
A la vista de este nuevo requerimiento del juzgado del caso Pokémon, fuentes de Novagalicia Banco aseguraron ayer que sí habían recibido el oficio de la jueza Pilar de Lara el jueves 3 de abril y que entregaron la documentación requerida el día 9, en el registro general de los juzgados lucenses.
Pilar de Lara en la misma providencia insta a Vigilancia Aduanera a que informe sobre la pertinencia de la solicitud del exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, que quiere que le devuelvan las monedas de oro que fueron incautadas en su domicilio.
Setex pide más imputaciones
El juzgado dio traslado al fiscal de un escrito remitido por Setex Aparki S.?A., en el que pide que imputen a las empresas Doal, Semt, Procedimiento de aseo urbano Pau, Sermasa, Servicios de Ingeniería y Transportes Auxiliares, Vendex, Cafisa, Serveis Medi Ambient, Serveis Generals per Municipis y Econar, todas ellas pertenecientes al grupo Vendex.
La solicitud se basa en que pueden estar implicadas «en la actuación delictiva objeto de la investigación». Alude a que las empresas que administraba Gervasio Rodríguez gratificaban a políticos y funcionarios para conseguir adjudicaciones.