Los funcionarios perdieron un 31 % de poder adquisitivo desde el 2010

UGT acredita ese mayor impacto en la Xunta por el recorte de las extras


Santiago / La Voz

Ahora que los juzgados empiezan a presionar al Gobierno y a la Xunta para que devuelvan parte de las extras que, según el criterio plasmado en un número cada vez mayor de sentencias, retiró de forma indebida al funcionariado, los sindicatos hacen números sobre el efecto de los recortes en el empleo público. Además de las restricciones en los derechos laborales, que el Ejecutivo central empieza a restablecer con pasos todavía tímidos, y del aligeramiento de plantillas en todas las Administraciones, los trabajadores a su servicio acumulan cinco años de recortes en sus nóminas. UGT calcula que la pérdida de poder adquisitivo entre los 95.000 empleados de la Xunta y de las tres universidades alcanza el 31,2 % desde el 2010.

Las cifras de la central abundan en el agravio de esos 95.000 trabajadores en relación a los otros 59.000 empleados públicos que están al servicio de otras Administraciones en Galicia. A diferencia del personal de la Xunta y de las universidades, los de la Administración local (26.608) y del Estado (32.499) no han visto mermadas sus retribuciones por la decisión del Ejecutivo de Feijoo de recortar las dos pagas extraordinarias del 2013 y el 2014. Es ese tijeretazo adicional el que eleva al 31,2 % la pérdida de poder adquisitivo, con el consiguiente agravio que los sindicatos han denunciado en reiteradas ocasiones.

Sube el IPC, bajan los salarios

Ese cálculo del 31,2 % de UGT arranca en junio del 2010, cuando el Gobierno de Zapatero aprobó una bajada salarial del 5 % para los más de 2,5 millones de empleados públicos de España. El efecto de ese recorte sobre el poder adquisitivo llegó al 7,9 %, ya que el IPC aumentó ese año un 2,9 %. UGT suma en el 2011 otro 2,4 % más, ya que los sueldos se mantuvieron congelados y el IPC se incrementó en esa proporción. La medida con más repercusión sobre la capacidad de compra del funcionariado fue la supresión de la paga extra de diciembre del 2012, con la que el Gobierno de Rajoy dejó al colectivo sin el 7 % de su retribución media anual en un año en el que el IPC real se incrementó un 2,9 %. Hasta ahí los recortes que penalizaron por igual a los 154.000 empleados públicos que trabajan en Galicia. Su perdida de poder adquisitivo del 2010 al 2012 fue del 20,2 %: 7,9 en el 2010, 2,4 en el 2011 y 9,9 en el 2012.

Pero los 95.000 trabajadores al servicio de la Xunta y las tres universidades suman 11 puntos más a ese 20,2 %. Para calcularlo, UGT hace una media entre el efecto del recorte de las dos extras del 2013 y del 2014, a razón de 5,5 % en cada uno de los dos años. Así, mientras el IPC real ha subido un 8,2 % desde el 2010, esos empleados han visto recortados sus retribuciones en un 23 %. De ahí, el 31,2 % de merma de su poder adquisitivo.

Estas cifras forman parte de la campaña A dignidade é o salario, que ayer presentó UGT para exigir un «cambio radical de política» en la Xunta. Los representantes del sindicato Luis Suárez y José Vázquez acusaron a Feijoo de «ser máis papista que o papa», y le reprocharon que mantenga los recortes en función pública mientras presume de que Galicia cumple con los objetivos de déficit. Objetaron también que la Xunta mantiene sin prórroga alguna a través de los Orzamentos los ajustes que en el 2012 aprobó por ley para su aplicación durante dos años. Denunciaron que Galicia está a la cola de España en coste laboral de sus empleados públicos.

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