El partido guarda silencio sobre el alcalde de Pedrafita, que sí se sentará en el banquillo
09 mar 2014 . Actualizado a las 08:46 h.El macroproceso judicial por la retirada de las multas de tráfico de Lugo, en la que hay imputadas más de setenta personas, va a poner a prueba el cumpliendo de los códigos éticos de los partidos políticos, especialmente el del PSdeG-PSOE, que tiene implicado en la causa al diputado autonómico José Ramón Val Alonso, portavoz de pesca en el Parlamento. Con la fase de instrucción ya concluida y los escritos de acusación formulados, el caso queda ahora pendiente de la celebración del juicio oral, aunque sobre la situación particular de Val deberá dictaminar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y no la Audiencia Provincial de Lugo, debido a su condición de aforado. La dirección del PSdeG apeló ayer a la presunción de inocencia en este caso, pero dejando claro que su código de conducta es «firme» y que si Val acaba sentado en el banquillo, entonces será apartado del cargo.
Inicialmente, la Fiscalía de Lugo pidió para Val Alonso un año y tres meses de cárcel, así como una inhabilitación especial para cargo electivo de cuatro años y un mes, aparte de una multa de 600 euros. Pero una vez que el diputado comunicó a la Audiencia Provincial de Lugo su condición de aforado, será ahora el TSXG la instancia que deberá analizar de forma separada la pieza que le afecta a él.
Desde la dirección del PSdeG apelan a la prudencia en este asunto. La responsable de Organización y número dos del partido, Pilar Cancela, se pronunció ayer sobre la situación particular del que fue número tres de la lista socialista de Lugo en las elecciones autonómicas, destacando que, antes de tomar decisión alguna sobre su futuro, la causa «aínda tería que ser aceptada» por el Tribunal Superior para ver realmente si existen indicios de delito o bien si es archivada.
Pero en todo caso, la número dos de Besteiro acotó el comportamiento que mantendrán los socialistas en este caso: «O PSdeG, a diferencia do Partido Popular -destacó ayer Cancela-, ten un código ético claro e coherente que sempre aplica de forma rigorosa». Y dicho código ético consiste en pedirle la dimisión a cualquier representante del partido sobre el que existan medidas judiciales cautelares por casos de corrupción política o el caso de que sea convocado a un juicio oral.
Besteiro se refirió al PP
El propio secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, defendió esta semana, que el cumpliendo «estricto» de estos criterios, al hilo de la situación que se le abrió al PP en Santiago con los siete concejales que serán juzgados por acordar pagarle la defensa a un compañero procesado en la operación Pokémon. Si el PSOE se viera en la misma situación, subrayó, «apartaría» a dichos concejales del partido.
El alcalde de Pedrafita
Ahora bien, la dirección socialista guarda silencio, al menos por el momento, sobre la situación judicial de otro cargo del partido que sí se sentará en el banquillo de los acusados por el caso de las multas de Lugo. Se trata del alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, que formó parte de la dirección del partido con Pachi Vázquez como secretario general.
El caso del histórico Raposo es sustancialmente diferente al de Val Alonso. Mantiene el bastón de mando municipal ininterrumpidamente desde 1987, pues suma ya siete mayorías absolutas en Pedrafita. Pero la diferencia es que no tiene derecho al aforamiento y que, por tanto, deberá enfrentarse al juicio oral como el resto de los imputados en el caso de las multas. Y el fiscal ya pidió para él un año y tres meses de prisión, multa de 1.000 euros e inhabilitación para cargo electivo de cuatro años y seis meses, extremo que todavía no ha accedido a valorar la dirección del PSdeG.