Seremos implacables con la corrupción, pero esto no lo es. Se trata de una mera cuestión administrativa, la adopción de una medida avalada por un informe jurídico y finalmente no ejecutada. Además, nuestras propias reglas no nos fuerzan de momento a intervenir en el caso. Así que no procede hacer nada, no habrá destituciones por ahora. Más adelante, obraremos en función de cómo la Justicia vaya actuando.
En esencia, es con ese argumentario con el que el Partido Popular de Galicia ha decidido afrontar la peor crisis política e institucional en el Ayuntamiento de Santiago desde la reinstauración de la democracia en España: un 77 % de su gobierno imputado en hasta cuatro causas diferentes y siete de sus trece miembros a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por prevaricación. Y lo cierto es que, consideraciones éticas y estéticas al margen, esa sarta de excusas halla refrendo normativo, no chirría en el engranaje conservador. Porque ningún compendio de directrices internas prescribe la expulsión de cargos por el hecho de que estos sean llamados a juicio oral.
Aprobados el 20 de enero del 2013, en su artículo 39.2, los estatutos del PPdeG solo obligan a abrir expediente disciplinario a los militantes cuando se produzca el señalamiento del juicio contra ellos, lo cual en este caso podría ocurrir en mes y medio, más o menos. «La resolución de dicho expediente tendrá lugar cuando se dicte sentencia o, en su caso, auto de sobreseimiento», concluye esa orden.
En su cláusula 3.8, el código de buenas prácticas del PP, que data del 21 de diciembre del 2009, nada más que insta a los imputados a comunicar al partido la apertura de procedimientos jurisdiccionales en que se vean envueltos, así como a «poner a disposición» el puesto «cuando el comité nacional de derechos y garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública».
Finalmente, el punto 5 del compromiso ético de los diputados del PPdeG, del 12 de noviembre del 2012, establece algo similar. Y añade: «En caso de resultar procesado con cualquier tipo de medidas cautelares, [...] deberá cesar inmediatamente».