Los escándalos judiciales, de Conde Roa a Currás, han llevado al desastre al PP de Santiago
02 mar 2014 . Actualizado a las 15:53 h.Después de 24 años en la oposición, el PP se las prometía felices en la noche del 22 de mayo del 2011. Gerardo Conde Roa (Padrón, 1959) derrochaba entusiasmo ante sus fieles porque había cambiado el curso de la historia reciente: la ciudad conservadora que siempre votaba alcaldes socialistas había dado su confianza al impetuoso político que ya en 1983 se había estrenado como concejal. Conde Roa abrió una etapa efímera de apenas nueve meses y medio en la alcaldía. El 17 de abril del 2012 presentó su dimisión tras su procesamiento por fraude fiscal. Su relevo por Ángel Currás (Trabada, 1954), en vez de zanjar la crisis precipitó al Concello por una pendiente de desgobierno que ahora, con diez imputados del PP y uno del PSOE en diversas causas, llega a niveles de catástrofe institucional.
El lastre de Conde Roa
Un alcalde en quiebra. El exdiputado en el Congreso había coronado su carrera hacia la alcaldía tras una ruinosa incursión en el negocio inmobiliario con su promotora Geslander. El estallido de la burbuja le dejó deudas millonarias y hasta tenía embargado el sueldo del Concello. En medio de su caos personal y empresarial, Conde Roa no supo arreglar sus problemas con Hacienda y tuvo que dimitir tras ser procesado por impago de 291.289 euros del IVA. En octubre del 2013 fue condenado a dos años de prisión y al pago de 582.000 euros de multa.
Irreconciliables
Gobierno dividido, hasta hoy. Para dimitir sin agrandar aún más el escándalo, Conde Roa impuso un gobierno a su medida, con Currás a la cabeza y dos concejalas de su máxima confianza para manejar el día a día: Reyes Leis y María Pardo. Al aceptar sus condiciones, Núñez Feijoo permitió que se activara una bomba de relojería en Raxoi. La división entre los partidarios de Conde-Currás y los de Paula Prado, que era la número 2 de la lista y la primera opción de Feijoo, aceleró el deterioro del gobierno. El sumario del caso Pokémon documenta aquellos días convulsos de abril del 2012: «Si es Currás nos suicidamos», comenta Paula Prado el posible ascenso de su rival con el aún jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, que tenía su teléfono pinchado. Prado acabaría abandonando el Concello, a petición propia, para asumir la portavocía del PPdeG y dedicarse al Parlamento.
Bajo sospecha
Espiño y contrato del agua. Cuando tuvo que dimitir, Conde Roa estaba volcado en dos grandes operaciones bajo sospecha: el convenio de la finca do Espiño, un pelotazo urbanístico a medida de la promotora Layetana; y la ampliación del contrato de la concesionaria del agua, Aquagest, a cambio de 20 millones de euros de inversión para llevar el suministro al rural. Conde puso todo su empeño, hasta el punto de relevar al jefe de planeamiento en el caso del Espiño y al secretario y la interventora en el del agua, porque se oponían a sus pretensiones. Tras dimitir, el exalcalde le encomendó a Currás que «sí o sí» tenía que aprobar el contrato del agua, pero este no lo vio claro y lo paró, al igual que la operación urbanística.
Financiación irregular
Campañas del PSOE y PP. La operación Pokémon descubrió indicios de financiación irregular del PSOE y del PP de Santiago. Los socialistas habrían financiado sus campañas electorales del 2007 y 2011 con pagos de la concesionaria del agua y otras empresas a través de la imprenta La Ibérica. En cuanto al PP, el edil Adrián Varela le dijo a Ángel Espadas que si este dejaba el Concello le iba a explicar a Currás que tendrían que devolver los 40.000 o 45.000 euros que varias empresas habían puesto en la campaña electoral.
La Pokémon
Una tormenta perfecta. La operación contra esta presunta trama de corrupción política ha sacudido Santiago con la fuerza de una tormenta perfecta. El rosario de imputaciones afecta tanto al actual alcalde, Ángel Currás, como a su predecesor, Gerardo Conde Roa, así como al concejal de Deportes, Adrián Varela, y a la de Xuventude, Rebeca Domínguez. También al que era edil de Seguridade Cidadá, Albino Vázquez, que llegó a ser detenido y al que, como se le impuso una fianza para evitar la prisión preventiva, el PP obligó a dimitir. El exjefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, también fue detenido y estuvo más de un mes en prisión preventiva. También está imputado el edil del PSOE Bernardino Rama, mano derecha en el último gobierno del socialista Xosé Sánchez Bugallo.
El caso Carril
La denuncia de un policía. José Antonio Carril fue subjefe de la Policía Local hasta que el PP entró en el Concello. Le abrieron dos expedientes, uno de ellos llegó a ser sancionador, y le relegaron como número dos del cuerpo. El agente denunció porque el puesto le correspondía por derecho y el asunto acabó con el alcalde, Ángel Currás, imputado por prevaricación y acoso moral. La causa llegó a archivarse, pero ha sido reabierta porque los pinchazos telefónicos de la Pokémon que envió la jueza de Lugo Pilar de Lara a su compañera de Santiago Ana López Suevos demuestran presuntamente que el regidor conocía los planes de sus subordinados para relegar del cargo a Carril y que para ello hasta se habrían inventado una denuncia ciudadana.
Junta de Gobierno
Siete ediles acusados. La gota que ha colmado el vaso del desastre del PP compostelano ha sido la imputación y reciente acusación fiscal por prevaricación a los siete ediles que el 30 de mayo del 2013, en junta de gobierno, aprobaron que el Concello le pagase el abogado a su compañero Adrián Varela, concejal de Deportes imputado en la Pokémon. La fiscal acaba de formular su escrito de acusación y les pide 9 años de inhabilitación. Si no prospera el recurso ante la audiencia todos se sentarán en el banquillo por prevaricación.
Paralización municipal
Pánico a firmar. Los registros en el Concello ordenados en la operación Pokémon, en la que también hay imputados cuatro funcionarios, las escuchas telefónicas que se han hecho públicas al levantarse el secreto de sumario de este caso y el rosario de imputaciones a políticos han provocado una auténtica psicosis entre funcionarios y políticos. Nadie se atreve a firmar casi nada por miedo a ser imputado y nadie se fía de nadie. El resultado es un Concello paralizado y un gobierno local sin capacidad de gestión.
Posible intervención
Situación límite. La crisis del gobierno local aboca al Concello a una situación límite. La Xunta ya solo descarta «por el momento» su intervención y el nombramiento de una comisión gestora que administrara los intereses locales hasta las elecciones de mayo del 2015. Podría hacerlo, previa aprobación del Consejo de Ministros y el Senado, si la Audiencia Provincial rechaza el recurso de los siete concejales imputados y van a juicio. Sería el primer caso que se produjera en Galicia.