La jueza Pilar de Lara envía a Ourense un documento para que se investigue si hubo un posible tráfico de influencias
22 dic 2013 . Actualizado a las 16:55 h.Una pieza separada de la operación Pokémon ya está en los juzgados de Ourense. La jueza que destapó la trama, Pilar de Lara, ha remitido a la ciudad de As Burgas un documento hallado en el último registro efectuado en el domicilio del exalcalde Francisco Rodríguez -apresado en el marco de esa operación- para que investigue si el documento evidencia que hubo trato de favor en las gestiones relacionadas con la finca Mariñamansa, una parcela situada en el centro urbano con un largo historial de litigiosidad, en la que estaba prevista la instalación de un centro comercial Hipercor.
El documento, que está en poder del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, recogería la intención por parte de un tercero de solicitar al presidente de la Audiencia provincial un favor para conseguir la retirada de una «anotación preventiva» sobre la finca. Según aseguró ayer mismo el magistrado ourensano, Fernando Alañón, esa anotación no se eliminó pero tampoco se recibió presión o recomendación para hacerlo. «A mi nunca nadie me pidió nada en relación con ese terreno», zanjó, remitiéndose a las sentencias dictadas sobre el caso. Muy sorprendido con la aparición de su nombre en el documento, espera que en unos días todo se aclare.
Respecto a esa tercera persona que habría prometido al exalcalde solicitar la ayuda del magistrado, algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de un empresario relacionado con el exregidor. En todo caso, lo que sí parece claro es que la gestión que presuntamente se iba a solicitar, nunca llegó a conseguirse.
Al mismo tiempo, el juzgado número 3 de Santiago se ha hecho cargo de seis piezas de la operación Pokémon, después de que la jueza emitiese a los juzgados compostelanos esta documentación. De las seis investigaciones cinco están relacionadas con presuntos delitos urbanísticos en Santiago. De las seis piezas remitidas, dos permanecen bajo secreto de sumario, mientras que en los otros cuatro casos se han levantado las cautelas. Entre las diligencias investigadas estaría la polémica recalificación de la finca do Espiño o el préstamo que el exregidor compostelano Gerardo Conde Roa gestionó al traficante de arte Leonard Patterson.